"Hay gente con una situación social bastante compleja. Imagínese llegar con maquinarias a demoler viviendas donde viven personas. No son muebles, son personas. Hay que ser prudente desde la perspectiva del ser humano, tratando de llegar a una conciliación de los intereses de las partes".
De esta manera, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, abordó este miércoles las dificultades para concretar el desalojo de la megatoma de San Antonio (Región de Valparaíso), acción que se debió realizarse el pasado 31 de enero por orden de la justicia.
En la zona viven alrededor de 4.000 familias -aproximadamente unas 10 mil personas- emplazadas en un paño de 260 hectáreas, asentamiento que impidió construir el acceso norte al puerto local, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.
Sin embargo, este desalojo no se ha efectuado, pese a que el Gobierno solicitó la extensión del plazo en noviembre pasado con el fin de tener tiempo para gestionar una solución habitacional.
Una solución "que evite un problema de carácter social y de seguridad"
En entrevista con El Diario de Cooperativa, Vera afirmó que, aunque el plazo legal para dejar el lugar ya venció, los involucrados en este proceso siguen en búsqueda de otras soluciones "que eviten llegar a ese proceso de desalojo".
"Desde el punto de vista social y de seguridad, es bastante complejo aplicar esta resolución. Es por ello que tanto los propietarios, el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad y los comités cooperativos, están dialogando para encontrar una solución definitiva que permita llevar adelante un proceso de desarrollo sostenido mediante la radicación", informó el jefe comunal.
En esta línea, dio cuenta de las dificultades para concretar un desalojo, dado que "son cuatro mil familias donde hay niños, adultos mayores, y discapacitados. Hay gente con una situación social bastante compleja. Imagínese llegar con maquinarias a demoler viviendas donde viven personas. No son muebles, son personas".
"En ese contexto, hay que ser prudente desde la perspectiva del ser humano, tratando de llegar a una conciliación de los intereses de las partes. Yo entiendo que el propietario trate de ejercer sus derechos, de recuperar su propiedad o generar un acuerdo de compra-venta", enfatizó.
Asimismo, dice entender "a la gente que está en el lugar, y que, aunque llegaron en una situación irregular, lo hicieron en busca de una solución definitiva considerando que no tenían -en gran medida- una solución habitacional adecuada".
"Es un conjunto de factores que derivaron en este proceso. Hoy día es una realidad y tenemos que entre todos -ministerio, propietario, comités, municipalidad, y otros factores como la delegada provincial y regional, y el gobernador regional- colocar todos los esfuerzos para llegar a una solución que evite un problema de carácter social y de seguridad", puntualizó el alcalde.
Posible conciliación entre las partes
Respecto a una posible conciliación entre las partes, el alcalde Vera afirmó en Cooperativa que "hay una fórmula que se ha venido desarrollando desde hace un tiempo, que es la formación de cooperativas habitacionales cerradas".
"Son los cooperados los que, a través de un crédito del BancoEstado y con el aval del Estado, proceden a comprar los terrenos a los propietarios. Para ello, estas cooperativas se conforman en una federación. Por tanto, hay una sola persona jurídica que interlocuta con el propietario. Ya hay un acercamiento en ese aspecto", destacó la autoridad comunal.
De todas maneras, aseguró que "hay una diferencia entre el valor del metro cuadrado establecido por el Serviu y el valor del metro cuadrado requerido por el propietario. Ahí hay una brecha, un delta, que es lo que se está tratando de conciliar, un punto de encuentro".
Finalmente, Vera confirmó que "el Ministerio (de Vivienda) definitivamente no va a comprar" el lugar.
