Greepeace y una comunidad del pueblo originario kawésqar presentaron en Chile dos querellas contra quienes resulten responsables de la muerte a finales de octubre de dos ballenas jorobadas.
"Consideramos de suma importancia utilizar las herramientas de protección ambiental disponibles en nuestra legislación, con el objetivo de conocer las causas y los responsables de estas muertes y que hechos de esta naturaleza nunca vuelvan a ocurrir", explicó la abogada y especialista en Incidencia de Campañas de Greenpeace Andino, Roxana Núñez.
Esta acción legal representa un hito en la historia penal de nuestro país, ya que se utilizarán por primera vez las modificaciones introducidas por la Ley 21.595 de Delitos Económicos y Medioambientales al Código Penal para querellarse por posibles infracciones ocurridas al interior de áreas protegidas.
Los responsables podrían ser sancionados con una pena privativa de libertad que va desde los 5 años y un día hasta los 10 años, más una multa.
"La muerte de especies al interior de áreas protegidas es algo a lo que como país no solo no nos debemos acostumbrar, sino que, por el contrario, debemos sancionar duramente. Contamos con un texto legal que fue creado precisamente para perseguir estos delitos, y nos parece el momento de convertir esta ley en un texto vivo", subrayó Núñez.
En la misma línea, el Gobierno chileno presentó el pasado 31 de octubre dos denuncias en la Fiscalía para esclarecer la muerte de estos ejemplares, una especie en estado de conservación que se encuentra en riesgo.
El primer ejemplar fallecido fue hallado en el Seno Glacier, situado en la Reserva Nacional Kawésqar (Región de Magallanes), el 29 de octubre, y el segundo en el Parque Nacional Laguna San Rafael (Región de Aysén), el día 30 de octubre, cerca de los centros de cultivo de salmones de las compañías Australis Mar y Cooke Aquaculture.
En 2020 se dio un hecho similar cuando Australis Mar dio cuenta al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) del hallazgo de una ballena muerta y enmallada en uno de sus centros de cultivo de salmones emplazado en el sector de isla Matilde, en la Región de Aysén.
"Es importante querellarnos porque en los casos previos de ballenas muertas en nuestro territorio, así como en otros, no ha habido una investigación exhaustiva, ni tampoco sanciones para los responsables", comentó la representante de la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómadas del Mar, Leticia Caro.
"Ahí radica la importancia para nuestra comunidad de cuidar a esta especie y proteger nuestro territorio ancestral, y que estas muertes no queden en la impunidad", destacó la integrante de la comunidad Kawésqar que decidió iniciar la acción penal junto a Greenpeace.
De acuerdo con la ONG, el 50 % de los centros de cultivo de salmones en la Región de Magallanes ha presentado condiciones anaeróbicas (pérdida parcial o total de oxígeno).
Chile es el segundo exportador mundial de salmón, después de Noruega, y la salmonicultura, que se desarrolló con fuerza durante la dictadura (1973-1990), es la tercera industria en el país que más exporta tras el cobre y el litio.
