Abuso honorario

El Parlamento aprobó el pasado 4 de enero la ley presentada por el Gobierno que sube gradualmente los impuestos a trabajadores a honorarios hasta un 17 por ciento de sus ingresos, de los cuales casi un 10 por ciento, unos seiscientos mil millones de pesos anuales en régimen, será apropiado por las AFP, en su mayor parte a perpetuidad.

Ello no mejorará las pensiones actuales en nada y tampoco las futuras durante décadas, aumento que será magro y siempre financiado por las cotizaciones de ese momento, por lo cual las cotizaciones de hoy no serán devueltas jamás. El saldo del impuesto, poco más de un 7 por ciento, será destinado a seguros de salud.

Este impuesto afecta desde ahora a más de 650 mil trabajadores a honorarios que por esta vía perciben más de $100.000 al mes en promedio. Se acaban para ellos las devoluciones anuales de impuestos de la cual dependen para cubrir sus gastos y sus ingresos líquidos se reducirán en casi 1% por año hasta enterar una reducción de 7 por ciento.

Sin embargo, se exime de este impuesto a los montos que exceden el tope imponible (aproximadamente $2 millones mensuales), al igual que sucede con las cotizaciones en general.

El gobierno ya ha anunciado que pretende imponer este impuesto a otros trabajadores independientes que no dan boleta de honorarios, lo cual se suma al proyecto de ley que pretende subir las cotizaciones en general en un tercio, alza que sería asimismo apropiada íntegramente y a perpetuidad por el sistema financiero, sin mejorar las pensiones.

Los trabajadores a honorarios han manifestado su decidido rechazo a esta ley y continuarán su lucha por terminar con ella y el ahorro previsional forzoso en general.

Éste constituye una inmoral apropiación a perpetuidad por parte del sistema financiero y el gran empresariado de un impuesto a los trabajadores activos destinado supuestamente a pagar pensiones.

El mísero aporte a éstas tras décadas de ahorro se financia con una parte menor de las cotizaciones corrientes de entonces, sin devolver jamás el fondo acumulado.

El Estado se ha visto obligado a financiar más de cuatro quintas partes del gasto total en pensiones con impuestos corrientes (reparto), las que aún de este modo resultan muy bajas.

Se llega al absurdo de endeudar al fisco para ello mientras se “ahorra” en inciertos mercados financieros un impuesto que en sus niveles actuales es suficiente para financiar pensiones dignas a todos los jubilados actuales.

Ello resulta asimismo perfectamente sostenible a futuro porque el número de adultos mayores crece a un ritmo inferior al PIB, que es la regla de sostenibilidad de los sistemas de reparto en general.

Es destacable la firme y responsable actitud de más de 30 diputados opositores que rechazaron el proyecto. Por primera vez en el parlamento aparece una fuerza significativa y decidida a terminar con este abuso intolerable.

Su prolongación y agravamiento con leyes como éstas ponen en riesgo la legitimidad del sistema democrático en tiempos peligrosos.

La movilización del pueblo y sus organizaciones más temprano que tarde terminará con las AFP y recuperará las cotizaciones de todos los trabajadores para dar pensiones dignas a sus mayores.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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