Presupuesto, el desafío en torno al despilfarro de las rentas del cobre

Gonzalo Winter

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La Ley de Presupuesto no da lo mismo, es un diagnóstico político y a su vez es la forma en que se ejecutan los planes del Estado en beneficio de todos los chilenos y chilenas. Tan significativa es, que hace 126 años  marcó el detonante de uno de los enfrentamientos políticos más importantes de nuestra historia.

Eran tiempos en que no sólo estaba en juego el modelo de Estado para Chile, sino también los límites y facultades del Poder Ejecutivo y Legislativo, el rol del Estado y de la industria privada respecto de la propiedad de los recursos naturales, el uso de las rentas del salitre para el desarrollo del país y su infraestructura, e inclusive la importancia de la banca privada en relación a los ingresos del Estado.

Al no lograr la aprobación de la Ley de Presupuesto de 1891, el presidente Balmaceda extendió la vigencia de la ley de 1890, siendo esto declarado inconstitucional por el Congreso. El resultado, una guerra civil que cobró la vida de miles de chilenos y que terminó con Balmaceda suicidándose, un 18 de septiembre luego de la derrota militar en las batallas de Concón y Placilla.

Si bien ha pasado más de un siglo, el escenario de 1890 tiene cosas en común con el de 2017. Mientras en ese entonces el desafío planteado en palabras de Balmaceda era, “no consentir que esta vasta y rica región se convirtiera en una factoría extranjera”,  en los tiempos que hoy vivimos se trata de impedir que Chile perdure como una factoría más moderna, pero casi completamente privada y extranjera.

En lo que queda de este año (marcado principalmente por el escenario electoral), la Ley de Presupuesto 2018 será tema central.

La derecha que anticipa su triunfo, no pierde ocasión de decir que el presupuesto es irresponsable, que los Fondos de Libre Disposición para el siguiente gobierno son excesivamente acotados, y que presupone rentas del cobre por sobre las esperadas.

Si bien estamos frente a un periodo complejo para la aplicación de la regla de balance estructural, aprovecho este impulso de la derecha, para exponer que el problema detrás de la Ley de Presupuesto no sólo supone pensar en cómo tener un gasto fiscal efectivamente contra cíclico (gasto que aumenta cuando la economía crece menos y que se contiene cuando la economía anda mejor), sino que también implica reflexionar en torno al tamaño del gasto fiscal y los componentes que deberían nutrir nuestros ingresos fiscales.

Esto último con especial énfasis en el destino de las rentas provenientes de nuestro principal recurso natural no renovable: el cobre.

Analicemos las cifras. El 2014, Chile produjo el 31% del total de cobre del mundo, siendo el principal productor a nivel mundial. Este número impresionante está en el papel, pero no en nuestras arcas fiscales. En la práctica, las enormes sumas provenientes de rentas del cobre son indisponibles para todas y todos quienes vivimos aquí.

En lo que respecta a la industria cuprífera privada, las rentas obtenidas por las 10 más grandes mineras que operan en Chile (que en adelante para esta columna llamaremos GMP-10), son tan cuantiosas que la necesidad de reforzar la recaudación tributaria de mano a estas es muy evidente.

El valor promedio anual de las rentas provenientes del cobre para el GMP-10, entre los años 2005-2014, fue del orden de 20.200 millones de dólares según el Banco Mundial. Es decir, una cantidad equivalente al 10% del PIB anual de Chile. Si descontamos los costos de exploración, de explotación y los impuestos pagados al Fisco, las rentas del GMP-10 para el periodo analizado alcanzaron un monto total de USD 120.500 millones.

Esta exorbitante cantidad, fue llevada directamente a los bolsillos de los empresarios titulares de cada una de las empresas que componen este selecto grupo de mineras[1]. Sin que sea mayor sorpresa, la oposición protegió estas utilidades de unos pocos argumentando que subir impuestos transformaría a Chile en un destino poco atractivo para invertir.

Por su parte, el impuesto específico a la actividad minera, que buscó mayor recaudación fiscal es escuálido. Aquí sólo se gravan las ventas cuando estas superan las 12.000 toneladas métricas de cobre fino. En los casos inferiores a esta cantidad, se aplican las reglas generales de tributación.

Se hace necesaria la implementación de un sistema de tributación específico más ambicioso, que reconozca el mérito de la extracción de recursos naturales no renovables, y por lo tanto finitos, y que cumpla con dos objetivos.

1. Aumentar los ingresos fiscales para permitir el financiamiento de un aparato estatal que asegure derechos sociales y fomente la actividad productiva, en miras de alcanzar el desarrollo.

2. Avanzar hacia la propiedad estatal de las rentas obtenidas a partir de la explotación de los recursos naturales no renovables, que debieran pertenecer a todos los chilenos y chilenas.

Pero el despilfarro se produce también desde la industria cuprífera de propiedad estatal, la que está al servicio de las cuatro ramas uniformadas a través de la Ley Reservada del Cobre (hoy parcialmente reservada por modificación de 2016).

Esto implica destinar cada año el 10% de sus ventas al financiamiento de las Fuerzas Armadas. Para peor, si dicho monto es menor a 180 millones de dólares, la diferencia deberá ser completada por el Fisco, o sea, usted y yo.

Lo anterior da cuenta de los contrastes más absurdos: lo que hoy destinamos a servicios como SENAME (al 2015), es equivalente sólo al 34% de los recursos que fueron entregados al Ejército el mismo año, y representa menos de la mitad de lo que se destinó a la Armada de Chile en el mismo periodo.

Es un hecho, las prioridades están equivocadas, y hoy gastamos más en armas y uniformes, que en niños, niñas y adolescentes que deberían ser nuestra preocupación central.

Con cifras que preocupan, es urgente que cada uno de los chilenos y chilenas reflexionemos en torno a cada peso que los gobiernos destinan a una obra pública, a salud, a educación o a pensiones, y a los mecanismos que permitan contar con un presupuesto más generoso.

Chile sigue siendo un país pequeño cuya economía depende del aprovechamiento de nuestros minerales, y parecemos estar comportándonos como si estos fuesen a durar para siempre.

Es hoy la oportunidad histórica de echar mano a los recursos naturales no renovables de modo eficaz, lo que implica la recuperación del cobre para todos los chilenos y chilenas. Porque todo lo que hagamos con estos recursos es bienestar para hoy, pero también herencia para los que vengan después de nosotros, cuando el cobre ya no exista.

[1] Nuevas estimaciones de la riqueza regalada a las grandes empresas de la minería privada del cobre: Chile 2005-2014”, Sturla, Accorsi, López y Figueroa, 2016. Publicado en Serie de Documento de Trabajo SDT-435, Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.