Una política de Estado para el litio

La demanda mundial de Litio presenta una oportunidad histórica para implementar una política de Estado. Ésta no sólo debe incluir la extracción, sino también promover el desarrollo de una industria ligada a la explotación de este mineral, transformando al país en un líder en tecnología, y no sólo de materias primas.

Chile, Bolivia y Argentina concentran el 85% de las reservas de litio en salmueras, y el 50% de las reservas totales de Litio.

El actual marco legal establece al Litio como un recurso estratégico no susceptible de ser concesionado a privados, refrendado en el Decreto Ley N°2886 de 1979, que reservó el Litio para el Estado; a su vez, en 1983 la Ley N°18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y el nuevo Código de Minería mantienen la reserva a favor del Estado, salvo “concesiones o contratos especiales otorgados por el Estado”.

Chile tiene una ventaja comparativa no sólo por la cantidad de mineral concentrado, sino también porque presenta costos de explotación menores, ya que se ubica en salares y no en minerales.

Chile puede perder poder y posición en el mercado de implementarse los proyectos de explotación en otros países, como Bolivia y su proyecto en el salar de Uyuni, que podría ocurrir en el mediano plazo.

La producción mundial ha tenido un crecimiento sostenido desde el año 2004, pasando de 15.000 toneladas por año a 27.000 . Situación que se origina, entre otros factores por el aumento en el precio del mineral, que pasó de US$ 2.500 por ton. en 2004 a US$ 6.500 por ton.; y el 2010 y 2011 estuvo por sobre los US$ 5.000 la tonelada. Así, las proyecciones sitúan el precio de mediano plazo -hasta el 2020- entre los US$ 4.000 y 6.500 por ton.

Sólo tres empresas concentran el 77% del mercado mundial: SQM (ex Soquimich) con un 30% del mercado; Chemetall (que opera SCL), con un 28%; y FMC Corporation, con un 19%.

El Ejecutivo ha dado a conocer -primero por la prensa y luego, por el subsecretario del ramo en la Comisión de Minería y Energía del Senado- una propuesta para “dinamizar” el mercado del Litio, argumentando que de no implementar “medidas urgentes”, Chile perderá su posición en el mercado internacional. Se pretende entregar en concesión la explotación del Litio a privados y para esto propone la creación de los CEOL, Contratos Especiales de Operación del Litio.

Los CEOL consisten básicamente en que el Estado sigue siendo dueño del mineral, y que se licitará el derecho a poder explotar el Litio por el equivalente a 100.000 toneladas metálicas, durante 20 años, contados desde el momento de la suscripción del contrato; en la licitación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de manera individual o como parte de un consorcio. Se adjudica el CEOL a quien ofrezca un mayor monto. El Fisco recibe el pago por una vez por el proceso de licitación y el 7% del valor de las ventas anuales.

El Ejecutivo justifica la aplicación de un CEOL, basado en las siguientes premisas: “es rápido, transparente y eficiente para reimpulsar la industria, aumentar la competencia y las opciones de explotación” y plantea que podríamos recaudar alrededor de US$ 350 millones durante los 20 años de explotación con este modelo de negocio. En dicho monto se incluyen impuesto a la renta, IVA neto, derechos de aduana y patentes mineras.

Chile es uno de los países con las mayores reservas de Litio y como tal, requerimos de decisiones de largo plazo, independientes de coyunturas y urgencias políticas.

Así lo demostramos una vez con el cobre; hoy, no podemos cometer nuevos errores y entregar un recurso de esta magnitud a decisiones administrativas, sin debate en el país y con consecuencias lesivas, al dejarnos presionar por urgencias y por oportunidades de corto plazo.

El Litio es de todas las chilenas y los chilenos, y no existe impedimento para que su explotación sea realizada por una empresa del Estado -y con ello no sólo incorporar más ingresos a las arcas fiscales por concepto de exportación de un commodities- si no también tener la oportunidad de desarrollar una industria de alto nivel tecnológico.

Dado su carácter estratégico, su potencial industrial y económico, proponemos la creación de la Corporación Nacional del Litio (CONAL) -símil de CODELCO- que garantice a Chile no sólo la obtención de las rentas de esta explotación minera, sino que promueva la investigación y el desarrollo, agregando valor a la producción, exportando bienes finales de alto valor comercial y tecnológico, incorporando capital humano avanzado e impulsando centros universitarios especializados.

La CONAL deberá implementar un modelo de negocio y plan estratégico que viabilicen los objetivos propuestos, y que permitan al país desarrollar y proyectar el liderazgo internacional que el potencial de Litio nos entrega.

La visión de Estado debe primar por sobre los intereses del mercado. La riqueza nacional no debe ser entregada al sector privado, porque ello daña los legítimos intereses de chilenos y chilenas, que exigen de nosotros mayor justicia y equidad.

Chile es un país de tradición minera. CODELCO ha demostrado que una empresa del Estado puede ser eficiente y líder mundial.

No podemos permitir que se repita con el Litio lo sucedido con la minería privada, la que utilizando una ley que las favorece, contribuyen el mínimo. La CONAL es una oportunidad para el conjunto de la ciudadanía: no perdamos la posibilidad que el Litio nos entrega para el futuro de nuestro país y de las nuevas generaciones.

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