Ley sobre universidades estatales

La Presidenta de la República envió el proyecto de ley sobre universidades del estado al Senado para su tramitación. En los antecedentes y en el articulado hay errores graves de conceptos, históricos y de contenido. Se presenta a la Universidad de (en) Chile naciendo en 1842 y a la Universidad Técnica del Estado naciendo en 1947 desde la Escuela de Artes y Oficios como surgidas en los albores de la República.

La universidad en Chile nace de un esfuerzo del pueblo chileno, sus intelectuales, sus académicos y políticos visionarios que vieron a esta actividad académica humana como necesaria para el desarrollo del bienestar y la felicidad humana, para la libertad y autonomía intelectual, moral y estética del pueblo que así construyera su propia identidad civilizacional. Las “academias” dominicas, jesuitas y la (Real) Universidad de San Felipe fueron las bases de la Universidad de Chile; a ellas se agrega el Instituto Nacional y las existentes escuelas de Medicina, Obstetricia y Farmacia.

Las universidades no se crean ni se instituyen por ley, no sucedió así desde la primera Academia fundada por Platón ni con el Liceo de Aristóteles, ni con las universidades de la Edad Media, ni menos con las universidades chilenas.

La Universidad Técnica del Estado procedió, además, de varias escuelas de minas del norte y otras escuelas industriales. Es el pueblo académico que desarrolla su vocación de creación, búsqueda y transmisión de cultura universal, es reconocido por todo el pueblo (Estado) para que sea su conciencia cultural y civilizacional más elevada y mantenga al país en ese nivel intelectual, estético, moral y espiritual actualizado.

Lo profesional y de oficios se da como parte de esa cultura y dependiente de ella. La autonomía intelectual, estética, moral y espiritual se da más en grados académicos que en títulos profesionales.

La universidad no tiene como misión estar “al servicio de los intereses generales de la Nación y sus habitantes”, como dice el documento, esto es imposible para cualquiera institución. La universidad es la conciencia crítica y libre de una sociedad y por eso debe gozar de la más amplia e irrestricta autonomía académica, e incluso debe examinar si los intereses por los que se invierte energía y tiempo son beneficiosos para toda su población.

La universidad y no tan sólo ella, debe formar profesionales, graduados y técnicos necesarios para la atención de los intereses de la Nación, pero no abocarse a suplir esos intereses o problemas. Eso es materia de otras instituciones del Estado (Corfo, Codelco, etc.) y de empresas privadas.

El proyecto apunta que la Dictadura-Cívico-Militar-pseudo-neoliberal afectó “en forma profunda el rol y quehacer de las universidades del Estado” pero no llega al diagnóstico principal de esa transformación que hiciera mucho más su asesoría ideológica-política denominada neoliberal que destruyó la naturaleza de la Universidad en Chile.

Los nacimientos en el país se han mantenido cercanos a 250.000 niños al año desde hace unos 40 años. Sin embargo, el PIB ha aumentado cerca de 20 veces y hay algunos que se atreven a sostener que la educación no puede ser pagada por el Estado.

La educación gratuita es falsa, no existe, alguien debe pagar la luz, agua, energía, académicos, laboratorios, etc., el movimiento perpetuo sin gasto de energía no existe. No se quiere decir educación pagada por el Estado, porque es el bolsillo de todos los chilenos el que paga, y el que paga pone el control (la música) y el estilo.

Además se calla que es sin el consentimiento de los chilenos, por lo que es un robo al Estado. Si las universidades tienen a sus estudiantes en promedio 5 años, tenemos que hay un “parque” educacional universitario de 1.250.000 estudiantes anuales y pagados a un promedio de $US 5.000 darían la apetitosa y lujuriosa cifra de $US 6.250.000.000 (6 mil 250 millones de dólares anuales).

La avidez de las empresas privadas no podía dejar ese botín sin meter mano. Tenían que destruir la educación estatal y entusiasmar populistamente a todos con la universidad.

El slogan “universidad para todos los nacidos”, que coincide con el arribismo, clasismo y desprecio por los oficios o profesiones manuales consiguió el segundo objetivo.

Chile tiene el aberrante registro que nacen 250.000 pero la PSU se ofrece a 280.000. El primer objetivo se consiguió con leyes fascistas (entre 80 y 87) que redujo el presupuesto de las universidades estatales al 50% del correspondiente a 1980 para el año 85. La devaluación del peso fue en ese periodo más del 70% luego la reducción de todo el presupuesto, salarios incluidos, fue cerca de un 80%.

Subsistimos destruyendo la universidad estatal, cobrando aranceles a los estudiantes y vendiéndonos a las empresas por servicios. No hay una transformación profunda hay una desaparición de la universidad académica y aparece el negocio sustentable del mercado de títulos y grados y servicios.

El desmembramiento de las universidades nacionales contribuyó más al robo ya que las sedes de provincias no han sido nunca devueltas. Los ideólogos neoliberales se encarnizaron por destruir en sí mismo el concepto y realidad de universidad académica. Siendo lo más académico de una universidad la filosofía, las ciencias, las artes, las humanidades, la ética y moral, las ciencias del espíritu como sociología, antropología, ciencias políticas y la pedagogía, simplemente excluyeron todas estas disciplinas de la universidad con la ley del 81.

La LOCE vuelve a excluirlas, pero le fue imposible dejar a las pedagogías afuera y las reconoce como universitarias. De 12 carreras de la salud solo reconoce a 5 como universitarias. No hay universidad en Chile.

La ley de universidades estatales debe por justicia reparativa reconocer a sus universidades como instituciones académicas constitutivas del Estado y por lo tanto financiadas completamente por este y su calidad y organización regida por los cánones de la carrera y escalafón académicos y no por acreditaciones no basadas en la calidad académica de sus miembros, por acosos legales, administrativos, de burocracia o de una contraloría innecesaria.    

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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