Recuperar el agua como bien público

Chile enfrenta actualmente un tercer año de sequía y un grave proceso de desertificación que afecta a casi 70% del territorio nacional, y que impacta especialmente a las comunidades rurales y economías locales; además de la producción agrícola, la generación eléctrica y el abastecimiento de agua potable en la zona centro y norte del país.

Esta difícil coyuntura ha evidenciado los problemas del Código de Aguas, que por 30 años muestra falencias para regular el acceso, la conservación y gestión sustentable del agua, y la falta de capacidad y limitaciones legales del Estado para corregir situaciones de acaparamiento, usurpación, degradación ambiental y desabastecimiento que se han agravado estructuralmente.

En forma reiterada, las organizaciones ciudadanas hemos declarado que el marco regulatorio para el acceso y la gestión del agua en Chile, amparado por el Código de Aguas de 1981, diseñada y dictada por el régimen militar de la época, debe ser reformado. En virtud de este Código, una vez que el Estado entrega los derechos de agua a los privados que la solicitan, ya no vuelve a intervenir, y el propietario privado de derechos de agua, los puede arrendar, comprar y vender como cualquier bien inmueble.

Además, el fuerte sesgo pro mercado del cuerpo legal separó el agua del dominio de la tierra para posibilitar su libre compra y venta, en un contexto de transacciones sin regulación, denominado "mercado de aguas", el que ha favorecido una extrema concentración de la propiedad sobre el agua en empresas eléctricas, mineras y agro exportadoras, consideradas ‘motores’ del desarrollo nacional y perjudicando el acceso al agua de la mayoría de la población, sus actividades de subsistencia y a la protección del medio ambiente.

Para revertir esta situación y favorecer las necesidades básicas de la población (bebida y producción de alimentos) por sobre los intereses y usos competitivos de las empresas, Chile requiere un enfoque de derechos, y recuperar el agua como bien nacional de uso público, como derecho humano, y como recurso básico para la vida, el que necesita ser gestionado pública y participativamente.

Ello implica una ampliación de lo público, desde la exclusividad del rol del Estado hacia la co-responsabilidad y control ciudadano en la administración sustentable de los recursos hídricos.

Aunque sectores minoritarios pero poderosos se oponen a cualquier reforma en la política sobre el agua y rechazan la idea de proteger los glaciares, es evidente la legitimidad política que tienen las reformas legales y constitucionales que se han propuesto durante las últimas dos décadas, tanto desde el Ejecutivo como del Congreso Nacional.

Desde el retorno a la democracia, el poder legislativo ha presentado numerosas propuestas de reformas constitucionales y del Código de Aguas, lo cual expresa la importancia y urgencia que ya se manifestaba hace 20 años de solucionar los problemas del Código. Una primera reforma al Código de Aguas se presentó en el gobierno de Patricio Aylwin, siendo aprobada luego de 13 años de tramitación en el año 2005, pero hoy muestra ser francamente insuficiente.

Entre 2008 y 2011, parlamentarios de todas las tendencias han presentado nueve proyectos de reforma a la Constitución en materia de aguas y once propuestas de reformas al Código de Aguas, junto a un proyecto de ley de protección de glaciares. Esto evidencia la objetividad y urgencia de los problemas existentes sobre el acceso y gestión de las aguas en Chile y las limitadas atribuciones del Estado y de la política pública para responder a los desafíos que presenta la gestión democrática y sustentable de este recurso.

En los últimos años, también la ciudadanía, representada por diversas organizaciones sociales, indígenas, sindicales, de iglesia, agricultores, consumidores, sindicatos y comunidades afectadas por sobreexplotación, escasez, o contaminación del agua, han creado una articulación nacional por la defensa del agua, denominada Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, lo que ha dado un nuevo impulso político a la Agenda de demandas por el agua en Chile.

Esta agenda busca restablecer constitucionalmente la soberanía nacional sobre este recurso estratégico, e implementar el derecho de los chilenos y particularmente de las comunidades locales sobre el agua, impidiendo su enajenación y mercantilización. También está entre sus demandas asegurar el acceso de la población al agua para responder a las necesidades básicas, a los requerimientos de la economía local y a la integridad del medio ambiente, por sobre su uso con fines comerciales.

La ciudadanía también aboga por la protección y preservación de los glaciares que alimentan las cuencas hidrográficas, y demandan restablecer en cada cuenca caudales ecológicos y estándares de calidad de las aguas. También han exigido información pública sobre el estado y disponibilidad de las aguas superficiales y subterráneas, y la creación de espacios formales de participación pública en las decisiones sobre el agua; implementar regulaciones para el manejo integrado de cuencas, y con participación vinculante de las organizaciones locales y usuarios tradicionales del agua.

Las demandas por el agua han irrumpido fuertemente como prioridades políticas de la sociedad chilena durante los últimos 4 años, intensificadas por la escasez hídrica por lo cual el Parlamento ha debido crear Comisiones Investigadoras sobre la Sequía, sobre la Usurpación de Aguas y sobre las Irregularidades en la Aprobación Ambiental de proyectos que utilizan el agua como insumo fundamental.

La naturaleza estructural del problema y la intensificación de los conflictos por el agua, motivó, en 2012, la articulación de diversos parlamentarios para la creación de una “Bancada Transversal del Agua”, la que realizó un diagnostico sobre la crisis hídrica y la acción del gobierno en esta área.También analizó las decenas de reformas legales sobre la gestión del agua, ingresadas al Congreso tanto por los gobiernos, como por los parlamentarios.

Como resultado de este trabajo, la Bancada Transversal del Agua concluyó que se requiere priorizar el cambio de las políticas públicas sobre este recurso, y solicitaron al seno del Parlamento, la constitución de una nueva comisión permanente en la Cámara de Diputados. La constitución de esta nueva comisión fue aprobada por casi unanimidad en septiembre del presente año y constituida oficialmente en el mes de octubre como Comisión del Agua, Sequía y Desertificación.

Este hecho constituye una importante oportunidad política para acelerar las reformas legales e institucionales que requiere la gestión justa y sustentable del Agua en Chile y para responder a las crecientes demandas ciudadanas sobre el derecho humano al agua, la protección de los recursos hídricos, la recuperación de este patrimonio natural estratégico para todos los chilenos y la adaptación del desarrollo nacional a los desafíos del cambio climático.

Estas demandas de reformas estructurales por parte de la sociedad chilena, coinciden con las propuestas de la comunidad internacional para la gestión sustentable y equitativa de los recursos hídricos a nivel mundial, lo cual requiere un Acuerdo Internacional en el marco de Naciones Unidas, que al igual que el recién establecido "Derecho Humano al Agua" (en 2010), ahora defina y establezca para el agua, un estatus jurídico como un bien común y patrimonio de la humanidad.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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