Un peligroso fast track eléctrico

El pasado 3 de mayo el gobierno ingresó a tramitación al Congreso - la primera iniciativa legal derivada de la Estrategia Nacional de Energía que anunció el Presidente Piñera en febrero.

Se trata del proyecto de ley para acelerar las concesiones eléctricas, el que fue ingresado con carácter de urgencia a la Cámara de Diputados.

El texto facilita la instalación de centrales y líneas de transmisión, precisando las causales de impugnación, de manera de evitar dilaciones en la tramitación que efectúa la SEC al tener que pronunciarse. Además, define quiénes pueden presentar observaciones u oposiciones a los proyectos, e introduce la posibilidad de dividir las solicitudes de concesión para proyectos de grandes longitudes, como las licitaciones troncales.

Curiosamente, su presentación ocurrió sólo 24 horas después de que los senadores hubiesen puesto en tabla para el miércoles 9 de mayo la discusión del proyecto de ley 20/20 en la Cámara Baja.

Esta estrategia adoptada por el nuevo ministro de Energía Jorge Bunster es al menos preocupante para todos los parlamentarios y organizaciones ciudadanas que hemos trabajado por que esta Ley que promueve la incorporación de un 20% de energías renovables no contaminantes en el año 2020 sea una realidad para el país.

Y es que, en la práctica, el gobierno usa este fast track como una zancadilla a la Ley 20/ 20, pues su movida bloquea de facto la Moción, unánimemente aprobada por el Senado, para empezar su discusión en la Cámara de Diputados.

Pero además de la forma en la que se da la presentación del proyecto, hay que destacar que este fast track energético contiene graves consecuencias para la ciudadanía y el entorno.

Bajo la premisa de acelerar las concesiones eléctricas, se podrá imponer servidumbres eléctricas sobre otros actores sociales y económicos como emprendimientos turísticos y agrícolas, no con el precio que el afectado pida, sino con lo que la comisión tasadora disponga. Y busca permitir la fragmentación de las concesiones eléctricas, lo cual significaría un franco intento de desmontar el principio de indivisibilidad que se estableció en la reforma de la Ley Ambiental de 2010; y que actualmente es una obligación en el marco de la Evaluación de Impacto Ambiental.

De esta forma, vemos una preocupante dicotomía en el gobierno, que se declara interesado en promover las ERNC en los discursos, pero que en la acción bloquea la iniciativa de ley, la cual cuenta con un amplio apoyo político de carácter trasversal, incluyendo senadores y diputados de la coalición gobernante.

Esta decisión del Gobierno de no apoyar las ERNC, no sólo se contradice con lo anunciando al país por el Presidente en su discurso del 21 de mayo de 2010 y de febrero de este año. Además deja dudas en cuanto al interés del Fisco por abaratar, descarbonizar y dar seguridad e independencia a la matriz eléctrica del país.

Para ello, basta citar un reciente estudio de la del Centro de Energía de la Universidad de Chile para la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), el que determinó que la inclusión de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) al sistema eléctrico chileno permitió, durante el 2011 una reducción de 186 millones de dólares en el costo operacional del Sistema Interconectado Central (SIC) y además evitó la emisión de 500 mil toneladas de CO2 a la atmósfera.

Los chilenos y chilenas han pedido al gobierno en todos los tonos hacer cambios significativos en la orientación del desarrollo eléctrico. Pero, en cambio, actúa para beneficio del status quo con proyectos como éste que actuarán a favor de las grandes eléctricas y en detrimento de los derechos de los agricultores, municipios, campesinos y emprendimientos turísticos.

El nivel de desaprobación del gobierno dado a conocer hace días por la encuesta Adimark, y los débiles anuncios del 21 de mayo pasado, donde el presidente anuncia esta ley para dar mayores privilegios al sector eléctrico y otra para terminar con el ministerio de Energia y fusionarlo con Minería, confirma que no parece prudente ni legitimo seguir imponiendo un desarrollo eléctrico en contra de los derechos territoriales, la sustentabilidad ambiental y la voluntad mayoritaria de la población.