40 horas, la asimetría del poder

Cuando la Comisión de Trabajo aprobó la idea de legislar respecto a la moción parlamentaria de la diputada Camila Vallejos, que contempla el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral, pocos y pocas analistas políticos vaticinaron el gran impacto mediático y en la opinión pública que iba a tener dicha decisión del órgano de la Cámara de Diputados.

Al proyecto le faltan muchos trámites constitucionales para ver todavía la luz, pero ha instalado un debate en que el gobierno, e incluso el propio Presidente de la República, han tenido que salir al ruedo a rebatir el proyecto de ley, incluyendo anuncios de inconstitucionalidad de la reforma, mientras que la misma cuenta cada vez con más apoyos de diversos legisladores y legisladoras, algunos de la propia derecha.

Por su parte, el empresariado ha salido como estampida, por lo fuerte y desordenado, a demonizar el proyecto, donde la autoridad económica del gobierno se ha tenido que sumar con datos duros (carente de todo estudio) de los supuestos perjuicios que provocaría el proyecto de ley de las 40 horas en el caso de ser aprobado.

La reflexión necesaria es ¿qué hace que una moción parlamentaria, de un solo articulado, provoque tal revuelta en las altas esferas del poder y de la oligarquía nacional?

Parece ser que el proyecto de ley toca una fibra oculta en el modelo de desarrollo chileno, cual es la asimetría de poder. En otros momentos, dicha oligarquía ha estado dispuesta a que le suban algunos puntos de su carga tributaria (como fue la reforma tributaria impulsada por el segundo gobierno de Bachelet), incluso está dispuesta a aceptar algunas compensaciones a cambio de volver al sistema de reintegración tributaria (como es la contrarreforma tributaria impulsada por el actual gobierno de Piñera), pero no está dispuesta a perder el control y poder sobre las personas. Y esta reforma laboral parece ser uno de estos cambios.

Algo parecido resultó con la reforma laboral presentada en el año 2014, que fortalecía a los sindicatos y la negociación colectiva, pero en el tramado de las normas jurídicas no se pudo avanzar con el compromiso político inicial, quedando como una reforma diluida y con una deuda en esa materia.

En cambio, la propuesta presentada por la diputada comunista parece ser muy simple, al contar con una breve norma, pero de un profundo impacto en las más altas esferas de poder en Chile, que incluso se ha señalado que "la iniciativa equivale a un 11% de alza de costos para las empresas y eso nos preocupa porque tiene efectos en el empleo” (Alfonso Swett, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC); “la iniciativa tendrá un impacto negativo sobre el comercio, la producción y los índices de empleabilidad” (Manuel Melero, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, CCS); o, “se podrían perder hasta 303 mil puestos laborales” (Felipe Larraín, ministro de Hacienda).

Si la propuesta de las 40 horas se aprobara, y así se quebrara uno de los fundamentos del actual modelo de desarrollo neoliberal en Chile, se podría trizar todo el sistema de asimetría de poder, partiendo por la propia Constitución Política que sigue siendo una de las principales herencias de la dictadura cívico-militar.

Ahí radica uno de los mayores desafíos en la continuación de los trámites legislativos de la rebaja de la jornada laboral. El cómo se desarrolla el debate nos dará luces de un tema mayor, como es la asimetría del poder en Chile.

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