Cuenta Pública, nueva política migratoria en los descuentos
El envío al Congreso del siete veces postergado proyecto de Ley de Migración que promete superar la visión restrictiva de la Ley de Extranjería de 1975 todavía vigente, fue uno de los anuncios de la última Cuenta Pública del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, como una esperada reacción ante la posibilidad de que un próximo gobierno de un color político diferente pueda implicar un retroceso en materia de derechos humanos de las personas migrantes.
El proyecto de ley propuesto por el Departamento de Extranjería y Migración del ministerio del Interior y Seguridad Pública que se espera supere el paradigma de la seguridad interna y la sospecha contenida en el decreto emitido en plena dictadura, encontró resistencia en Hacienda por el costo de implementar la institucionalidad propuesta por la ley.
Y así pasaron meses sin definiciones respecto de la necesidad de una nueva política migratoria que responda a los desafíos sociales y políticos que significa integrar a más de 400 mil extranjeros que viven en Chile (habrá que esperar los resultados del Censo abreviado, que incluyó preguntas sobre el país de nacimiento de la madre, para conocer la cifra con exactitud), que sin embargo son menos que los chilenos viviendo en el extranjero.
La dilatación del envío del proyecto al Congreso generó un vacío en la agenda política que la derecha intentó aprovechar, influida por el contexto mundial con el triunfo de Donald Trump en las elecciones norteamericanas con un discurso abiertamente xenófobo y discriminador hacia las personas migrantes, y la resistencia de varios países europeos a abrir sus fronteras a los sirios y subsaharianos que enfrentan una crisis humanitaria de proporciones.
Es así que el, paradojalmente, descendiente de inmigrantes, el diputado UDI Issa Kort, propuso un proyecto de ley que exigía a los trabajadores migrantes llegar a Chile con un contrato de trabajo y una alta cantidad de dinero. También advirtió de la supuesta llegada al país de narcotraficantes y bandas delictuales, haciendo un discriminador y peligroso vínculo entre migración y delincuencia, relación que queda fácilmente desacreditada al constatar que apenas 2,7% de los extranjeros delinquen y que, más bien, los inmigrantes son víctimas de chilenos delincuentes.
En la misma línea, el precandidato presidencial Sebastián Piñera ha anticipado un veto migratorio en caso de ser nuevamente gobierno, cerrando las puertas “a todo lo que es malo para Chile: la delincuencia, el contrabando, el narcotráfico, la migración ilegal”. “Puedo decidir quién quiero que entre a mi país. No tengo por qué aceptar a cualquier persona”, señaló el empresario recientemente en un seminario en Antofagasta.
Por su parte, el precandidato apoyado por iglesias evangélicas y que en las campaña presidencial anterior declaró hasta ropa interior como gasto electoral al Servel, Franco Parisi, enuncia un discurso populista antiinmigrantes que puede estimular actos de violencia al asegurar que “debemos cuidar el trabajo de los chilenos”. De hecho, una acción xenófoba y discriminatoria por raza y origen étnico (a la cual se podría aplicar la Ley Zamudio) se produjo hace un par de semanas en el Terminal Pesquero de Lo Espejo, cuando, sin mediar provocación alguna, un cargador haitiano fue apuñalado por un peoneta chileno. Preocupante fue la reacción de otros trabajadores pesqueros que, de alguna manera, justificaron la agresión argumentando que los extranjeros supuestamente venían a quitarles el trabajo.
Adecuar la legislación migratoria nacional a la realidad de la movilidad humana en Chile desde el enfoque de los derechos humanos, es una obligación del Estado en función de los convenios internacionales firmados por nuestro país y de las recomendaciones de los órganos de tratado.
En 2005 Chile ratificó la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos/as los Trabajadores/as Migratorios/as y de sus Familiares, lo que implica para el Estado la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos consagrados en este tratado. Este instrumento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce un amplio catálogo de derechos de las personas migrantes, independientes de su situación migratoria (irregulares o en proceso de regularización).
En relación al derecho al trabajo, deberán gozar del mismo trato que reciben los y las nacionales del país en que se encuentran, respecto de la remuneración y otras condiciones laborales.
Respecto del porcentaje de trabajadores extranjeros que pueden integrar una empresa, resulta preocupante y retrógrado que el Código Laboral señale que sólo 15% de empleados de empresas con más de 25 trabajadores puede no ser chileno. Cabe reconocer que hay sectores económicos donde los trabajadores inmigrantes están haciendo trabajos que los chilenos ya no quieren hacer y que la población nacional envejece, por lo que en un futuro los trabajadores activos no serán suficientes para mantener a una creciente población pasiva.
Anunciado en los descuentos del gobierno de Bachelet, resulta fundamental que el proyecto tenga una perspectiva de derechos humanos y que sea ingresado a tramitación lo antes posible.
Chile requiere una nueva legislación y política pública migratoria basada en la igualdad y no discriminación hacia las personas migrantes y refugiadas, así como el reconocimiento de su calidad de sujetos de derecho, sea cual sea su situación migratoria.
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