Democratización del Ejército, la gran deuda de una transición inconclusa

El último incidente en la Escuela Militar, donde el hijo de Miguel Krassnof, también oficial de Ejército, le rinde homenaje a su padre y a todos los violadores de derechos humanos, se suma a la conducta permanente de una institución que, a casi 30 años de recuperada la democracia, continúa como una isla que promueve, en la escuela que forma a los futuros oficiales, una doctrina a favor de los valores represivos y el homenaje a la dictadura que encabezó, con total falta de integración a la sociedad democrática, con la permisividad de todo el resto de la institucionalidad. 

Al principio, la justificación fue “el temor a una involución autoritaria”, después la indolencia y, hasta hoy, una aceptación tácita de que, el Ejército y, en general las FFAA, son instituciones que se mandan solas, no solo en los elementos conceptuales que desarrollan en sus aulas, sino también en las condiciones presupuestarias y, como hoy está demostrado, hasta la saciedad, con impunidad, en los reiterados actos de corrupción que el país conoce. 

Más allá de las sanciones a los responsables (nunca al alto mando), este incidente es un nuevo llamado de alerta, por una parte, a la irresponsabilidad de la institucionalidad política, para hacer efectiva la “subordinación militar al poder civil”, que solo ha sido una frase carente de convicción y, por la otra, al conjunto de la sociedad civil, para tomar todos los resguardos necesarios pues, lo vivido ahora en la Escuela Militar, es, como vemos y sabemos en otras latitudes, una manifestación más de una cierta involución hacia apuestas neofascistas, de las que nuestro país no se puede sentir inmunizado. 

Desde la década del 60, cuando, con el influjo de la dictadura instalada en Brasil, fueron cayendo, uno a uno los países de América Latina, con el apoyo de la Escuela de las Américas, en Chile solíamos decir que “en nuestro país esto no ocurre”; otros, incluso, eran más ilusos y repetían “porque la FFAA chilenas son democráticas”. 

El advenimiento de los 17 años de horror, de una de las dictaduras más sangrientas de la región, nos volvió a la realidad, generando un nuevo cuadro de relaciones, al interior del país que, hoy vemos que se mantiene, ante la pasividad de la civilidad y las instituciones democráticas que demuestran, una vez más, su debilidad. 

Será muy grave si el gobierno, en representación del Estado, pero también el parlamento, en representación de los ciudadanos, no toman medidas que, esta vez si, avancen en la línea de provocar una cierta inhibición, sino un freno, a estas verdaderas asonadas que, desgraciadamente, nos tienen acostumbrados desde el Ejército, sin que ello conlleve sanciones a la responsabilidad del mando, hasta su máxima estructura, lo que sería obvio, en los países que poseen una democracia más desarrollada. 

Se requiere, entre otras cosas, legislaciones más adecuadas al funcionamiento de democracias más avanzadas. Ya en la acusación constitucional última, a Ministros de la Corte Suprema, se advirtió la falta de legislación adecuada para impedir la salida de la cárcel de los violadores de DDHH, como lo consagra la doctrina mundial. Nuestros parlamentarios están, allí, en deuda democrática. 

Pero también los gobiernos sucesivos que ha tenido el país, desde 1990. Los planes de estudios y las normas de funcionamiento de las fuerzas armadas son responsabilidad del Estado, representados por el gobierno y, todos ellos, han demostrado una prescindencia culpable, que hoy se manifiesta en el acto que comentamos. 

Este nuevo episodio representa, como siempre, una nueva oportunidad para actuar en la dirección correcta.

¿Ocurrirá aquello? Ojalá, pero lo dudo. Unos aplicando sanciones casi simbólicas y, otros, dejando el agua correr, como lo han hecho durante tantos años. 

Y miramos con temor lo que pasa en Brasil, que cada vez está más cerca.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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