Disputa educacional: Un gallito innecesario y perjudicial para el país

Llevamos cinco meses de disputa en el campo educativo, siendo este el conflicto social de mayor duración en el Chile de fines del siglo XX e inicio del actual.

A esta altura, más que preguntarse por la salida del conflicto, resulta pertinente y necesario reflexionar acerca de las lecciones que deja y de si saldremos de el habiendo ganado como país.

Eso no es otra cosa que haber aprovechado la oportunidad que nos da esta crisis para realizar los necesarios cambios estructurales requeridos por nuestra educación, la que se encuentra desafiada por nuevos y demandantes problemas.

Si bien no es el fin de este artículo, no podemos dejar de mencionarlo, se hace cada vez más evidente en que consistirá la salida.

Con el diálogo gobierno- movimientos sociales fracasado, lo que al parecer era el objetivo de los “duros” de ambos sectores, es claro que todos los temas en disputa se trasladarán al Congreso y allí, oh paradoja, se producirá un debate y se lograrán acuerdos que alinearán bastante a las soluciones encontradas con las demandas estudiantiles. Sin embargo, los estudiantes no quedaran satisfechos.

Un observador despistado se preguntará por qué este desperdicio. Una posible respuesta es que estamos frente a una prueba de fuerzas o un “gallito” entre dos sectores en que se imponen los duros de ambos bandos, algo innecesario y además perjudicial para el país.

Por una parte está el gobierno que es el principal responsable, ya que tiene todas las condiciones para actuar y resolver más que ningún otro actor.

Al parecer aún no comprende en qué consiste el arte de gobernar, que precisamente se trata de interpretar el sentir de las grandes mayorías, escuchando e incorporando ideas de otros. El gobernante al hacer eso, no traiciona su ideario, más bien actúa como el promotor del bien común, que en definitiva es la misión que la ciudadanía encomendó al elegirlo.

Así, comete dos pecados capitales, el de la soberbia y el de la pereza, ya que asume que conceder significa poner en juego su autoridad y consistencia y, al mismo tiempo, no se da el trabajo de innovar e inventar con flexibilidad soluciones, repitiendo, aunque con distinto envoltorio, siempre la misma cantinela: el GANE.

Decimos soberbia, porque actúa de manera ideologizada, poniendo en un altar a las ideas propias y asumiéndolas como la “verdad”, ello por sobre lo más preciado, gobernar sabiamente para el pueblo, es decir considerando sus demandas y aspiraciones y convenciendo en su comunicación y acción que las toma muy en serio.

Sostenemos que actúa con pereza, porque no imagina múltiples soluciones y, si las busca, ello no se observa por la ciudadanía, ya que lo hace erráticamente y con muy poco sentido de realidad no dándose el trabajo de empatizar. Finalmente cree que superará el problema demostrando fortaleza y desgastando al movimiento, al mismo tiempo que muestra una capacidad de escucha y flexibilidad similares a las de una “pared”.

Es posible que el conflicto amaine y que finalmente otros sean los encargados de superar los nuevos potenciales problemas que se generarán al resolver mal demandas demasiado instaladas en la agenda pública.

Sin embargo al ver así las cosas, el gobierno no se hace cargo del largo plazo y de las consecuencias que tendrá el postergar la solución a un problema ampliamente compartido por los ciudadanos. Postergar el abordaje de esta agenda es negativo para el país y su futuro.

Por otra parte, el movimiento estudiantil, fruto de su propia experiencia como heredero del movimiento pingüino del 2006, tiene ciertas convicciones que le impiden convertirse en un articulador de acuerdos.

Primero, posee un diagnóstico sin matices de que en la crisis anterior fue traicionado por la clase política, quienes habrían realizado una negociación compleja, no suficientemente comprendida por ellos y poco transparente, la que finalmente se tradujo en una completa derrota del movimiento.

Nada positivo habría salido de esa negociación, cuestión que afirmamos no es real, aunque abordar este tema es materia para otro artículo.

La conclusión que sacan de esta situación es que no se pueden desmovilizar en ninguna de las formas en que lo han estado, ya que ello significaría perder capacidad de presión e influencia.

Esta lectura es incompleta y, según sus propias normas, tan errada como la anterior. Antes se desmovilizaron ahora se hipermovilizan y sabemos que esta última estrategia también esta condenada a la derrota, es solo cosa de tiempo y el gobierno lo sabe.

Segundo, el movimiento posee en su base un problema de confianza. Ello finalmente les inmoviliza, impidiéndoles avanzar y consagrar los grades éxitos y logros que se les reconocen por todos.

Consideran que negociar es “antiético” y que cualquier concesión respecto de su ideario es traición. Una visión purista y simplonamente idealista, pero que también se puede leer como intolerante.

En la forma, algunos de los dirigentes son extraordinarios comunicadores pues no trasmiten la intolerancia en sus vocerías. Sin embargo y en el fondo, no pueden soslayar que intentar imponer las propias ideas desde la partida del diálogo es de todas maneras una postura intolerante,obviamente esto aplica también para el gobierno.

Además, los dirigentes del movimiento no pueden actuar como representantes, son sólo voceros, verdaderos megáfonos de unas asambleas que serían las depositarias de una soberanía que jamás es delegada a nadie y que, a la primera de cambio, si esos dirigentes exceden los límites de lo que pensaría esa “asamblea”, no sabemos que tan representativa, terminarán sancionados e incluso expulsados del movimiento.

Es decir manda Fuente Ovejuna pero ¿cómo se negocia con Fuente Ovejuna? ¿Cómo se negocia con miles de personas, que además están mediadas por dirigentes que no pueden ejercer su rol de representar?

Así las cosas, en el escenario de diálogo se estaba ante un empate catastrófico y por esa razón, tácita o explícitamente, ambos sectores apostaron a abortarlo.

Algunos parlamentarios de gobierno desde el principio señalaron que no debía haber diálogo y consideraron un error que el presidente lo haya convocado. Desde el movimiento, las voces más duras aceptaron a regañadientes concurrir a ese diálogo, sin embargo sabían que si algún dirigente-vocero concedía algo, sería acusado de traidor y perdería su rol en el movimiento.

¿A esta altura, es importante quién gane? Creo que para nada y aquí la primera responsabilidad la tiene el gobierno.

El que debe ceder es el gobierno, ya que es a éste al que se le debe exigir capacidad de conducir y liderazgo, mostrando a los estudiantes que el sistema político es capaz de procesar sus demandas y de que los movimientos inspirados en causas justas pueden ganar en democracia.

Esto es importante porque los adultos sabemos en qué puede terminar todo si los jóvenes se convencen de que los canales institucionales de la democracia son inútiles.

Hay que recordar que no se necesita que muchos jóvenes lleguen a la convicción de que son más efectivos métodos no democráticos para luchar por sus ideales. Los adultos y demócratas debemos reaccionar y actuar ahora para evitar que ello ocurra.

Resulta paradójico este inútil “gallito” más si, cuando se discutan las demandas estudiantiles en el parlamento, ocurrirá algo muy similar a lo que ya paso con el Pos-Natal y el 7% de los jubilados, es decir se conseguirán avances que nos aproximarán de manera importante a las aspiraciones de los estudiantes y sus familias.

Ya muchos parlamentarios hablan que lo justo sería que el 60 a 70% de los estudiantes tuvieran acceso gratuito a la educación superior a través de becas; ya es un hecho la baja de las tasas de interés del crédito con aval del estado (CAE), el que se hace similar al crédito solidario (2% anual); ya muchos parlamentarios plantean que habrá que regular el valor de los aranceles universitarios, y el propio ministro del ramo anunció su congelamiento, al menos para el próximo año; que será parte del debate parlamentario si el CAE se asimila al crédito solidario y se hace por ejemplo contingente al ingreso y también se asimila en sus plazos de pago.

Además, qué duda cabe, será parte del debate presupuestario el abordaje del tema de los aportes basales a las universidades tradicionales, muy probablemente contra metas y exigencias para mejorar su calidad y resultados.

La lista es larga y se puede seguir.

Se ha postergado para noviembre un proyecto de ley que desmunicipaliza la educación escolar, otra sentida demanda de los estudiantes; se encuentra comprometida una superintendencia de educación superior, que entre otras responsabilidades deberá fiscalizar que las universidades no lucren y, además, está la creación de una subsecretaría para ese nivel educativo. Estos dos últimos proyectos debieran ser enviados antes de fin de año.

Solo para agregar otro elemento, mencionamos una moción parlamentaria que elimina el lucro de la educación financiada por el estado.

Se debate hoy como regular o eliminar de la educación que opera con recursos públicos, ya sea parcial o completamente, el hecho que los sostenedores puedan obtener rentas sobre los recursos excedentes de la acción educativa de los establecimientos a su cargo.

En ello también debieran producirse avances, tal vez no tal cual aspiran los estudiantes, pero si en la dirección que ellos demandan.

Si se desea, por el bien del país, que los estudiantes sientan que son escuchados y evitar que avizoren que su única salida es radicalizarse.

Si se afirma, como el presidente los señaló en Naciones Unidas, que las aspiraciones estudiantiles son “nobles” ¿Por qué entonces no se adelanta un resultado previsible?

No existe explicación plausible, salvo que el gobierno esté más preocupado de las encuestas y de su electorado, sobre el cual teoriza puede recuperarlo, si impone la autoridad y establece el orden de la manera más clásica como lo entiende la derecha.

El drama es que ello deja en segundo plano al país y su futuro. Al parecer se sigue la vieja y egoísta máxima real francesa “después de mí, el diluvio”.