El gobierno encendió la mecha

Con la torpeza política que ya había criticado un alcalde y vicepresidente de partido de su propia coalición, el gobierno nuevamente hace una apuesta más que arriesgada con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado contra ciudadanos de Aysén.

Si el beneficio que podría traerle aplicar “mano dura” para mantener el orden público es hacer un guiño a la derecha dura (que le exige gobernar con sus ideas más puras), el costo de la medida puede ser muy superior para el mismo gobierno: la administración de Piñera prendió la mecha de un posible estallido social.

En una suerte de paradoja, el camino represivo que ha elegido el gobierno para supuestamente mantener la estabilidad social, es justamente el que podría llevarlo a un clima de inestabilidad e, incluso, ingobernabilidad, el escenario más temido en política: la confianza en la democracia como sistema para resolver diferencias es lo que está en juego.

Y también en la arena económica, que parece ser su principal preocupación y apuesta.

La administración Piñera ha demostrado su incapacidad para administrar conflictos, los que luego devienen en crisis políticas, que ya se avizora irán adquiriendo características multisectoriales: no son sólo los estudiantes o los pobladores de Aysén, luego serán los gremios que viven la inequidad, los ciudadanos que defienden su opciones valóricas, los habitantes de territorios no reconstruidos, los usuarios de servicios y los consumidores que sufren el abuso de un modelo político y económico desigual y excluyente.

Y así suma y sigue el malestar social acumulado por 20 años, que el gobierno –pareciera- no tiene las capacidades políticas para canalizar ni tampoco, lamentablemente, entender.

Su impresionante incapacidad de negociar -ejercicio que hasta en el mundo privado (en que la derecha se siente más cómoda) implica que ambas partes cedan para llegar a acuerdo-, convirtió una oportunidad de hacer cambios en materia de descentralización en una crisis en escalada.

A casi un mes de iniciadas las movilizaciones en Aysén, cuyas reivindicaciones la mayoría de la ciudadanía considera justas, y tras la visita a la zona de tres ministros y dos subsecretarios, el resultado que ofrece el gobierno es nulo y su manejo político más que errático.

Las bases del Movimiento Social por Aysén reactivaron el diálogo y congelaron las movilizaciones durante varios días, en la confianza de que esta vez sí saldría humo blanco.

Incluso a última hora sus dirigentes estuvieron dispuestos a trasladarse a Coyhaique para participar en mesas de negociación separadas, aún conscientes de la estrategia divisoria del gobierno. Ésos fueron gestos concretos.

A ello habría que sumar la suerte de paréntesis que instalaron otros movimientos en regiones, que se abstuvieron de activar sus anunciadas movilizaciones a la espera de lo que sucediera en Aysén.

Desde el otro lado de la mesa de negociación (o más bien de la no - negociación), el gobierno dilató al extremo las conversaciones, al punto de agotar la paciencia de las bases.

Y en una intrincada estrategia política y comunicacional, no asiste a la mesa y retira a las autoridades de la zona, porque ya encontró la excusa de la violencia para no seguir negociando.

En una actitud miope y cortoplacista, la administración Piñera no ve que la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado lejos de disuadir a los movimientos ciudadanos, los provocará aún más.

La derecha argumenta que el propio Lagos en su momento aplicó dicha ley represiva por bloqueo de caminos, pero no cuenta con que los camioneros no tenían el alto apoyo ciudadano que sí convoca el Movimiento Social por Aysén.

Y con que el 2011 dejó claro que los tiempos han cambiado el ordenamiento de la matriz sociopolítica chilena y que la ciudadanía despertó de la atomización que por 20 años la Concertación, con su habilidad y destreza política, logró imponerle.

Ahora es un integrante de las mismas filas del Presidente quien denuncia el abuso policial que las Fuerzas Especiales propinaron contras los pobladores de Aysén, cuestión que los organismos de derechos humanos vienen denunciando desde hace rato.

Es Horvath quien evidencia que ayseninos que no estaban participando en las protestas, recibieron balines incluso en la cara, cuestionando los dichos de la Intendenta en el sentido contrario.

Hoy le toca a los ayseninos sufrir en carne propia el errado cálculo político que hace un gobierno que parece no entender que llegará un momento en que no tendrá ni la capacidad ni la legitimidad de seguir aplicando la fuerza del Estado de manera irracional a cuantos actores sociales que osen mostrar su disconformidad en la calle, porque las instituciones se vieron desbordadas ante su incapacidad de articular demandas.

También lo han sufrido los estudiantes y todos/as aquellos/as que se atreven a oponerse a que las monorías sigan definiendo los destinos de las mayorías.

De persistir en su estrategia de represión policial a las comunidades, el gobierno ya no sólo será cuestionado por los sectores conservadores en su capacidad de mantener el orden público –obsesión de Hinzpeter y de la derecha tradicional-, sino que será objetado por su inhabilidad de articular demandas ciudadanas y ofrecer soluciones a través de políticas públicas: la mentada gobernabilidad.

Si no ha sido capaz de dar respuestas concretas a las demandas sociales, sino que, por el contrario, agudiza los conflictos descalificando y provocando a los líderes de los movimientos hasta desencadenar la violencia, no resulta tan lejano que pueda llevar al país a grados de ingobernabilidad. Esperemos que ello no sea así.