El presupuesto no está a la altura

El gobierno ha presentado su proyecto de Ley de Presupuesto 2012, el que está siendo discutido en el Congreso en estas semanas.

Tengo la convicción de que la discusión del presupuesto de la Nación por parte de los congresistas es (o debe ser) un momento privilegiado del proceso democrático.

Es un momento en que las distintas fuerzas políticas debaten de cara al país acerca del detalle de sus políticas públicas, de las prioridades que el Ejecutivo asigna a los distintos sectores de la vida nacional; acerca de los planes inmediatos, acerca de las metas de largo, mediano y corto plazo.

Quién obtiene qué, cuándo y cómo, son preguntas básicas en una polis democrática, y la ley de presupuestos es una de las concreciones más relevantes en ese ejercicio.

La discusión presupuestaria debe abordarse con gran altura de miras. Las necesidades serán siempre mayores que los recursos disponibles.

Hay que priorizar. Hay que establecer plazos. Hay que elaborar gradualidades. Y para ello, el Ejecutivo debe saber convocar más que intentar vencer.

Debe saber explicar la visión de su proyecto, más que imponerse por la fuerza de la reglamentación que lo favorece en la discusión de esta ley.

Lamentablemente, no es la actitud que hemos visto de parte del actual gobierno. Por el contrario, ha primado el ánimo de sorprender, de vender eslóganes, de no hacerse cargo de las grandes demandas sociales.

¿El resultado? Un presupuesto que no está a la altura de lo que Chile necesita en estos momentos.

Un primer gran problema es la ejecución del presupuesto anterior. Se puede aceptar cierto margen de sub-ejecución, por contingencias. Pero la sub-ejecución que ha mostrado este gobierno va mucho más allá de eso y es señal de fuerte ineficiencia.

Los datos oficiales de la DIPRES a agosto, es decir, transcurridos dos tercios del año, muestran que se ha ejecutado el 57% del presupuesto, cuando el promedio de los años anteriores era de casi 64%.

Pero lo más dramático es la inversión pública: en 8 meses sólo se ha ejecutado un tercio de lo asignado.

Nunca, desde que la DIPRES publica sus estadísticas, se había visto una sub ejecución de tamaña magnitud.

El atraso se concentra en consultorios, escuelas, caminos y viviendas que deberían estar entregados a la ciudadanía, pero no lo están, y quizás no lo vayan a estar ni siquiera este año.

Esto es especialmente dramático cuando se trata de obras de reconstrucción por daños del terremoto de febrero de 2010. Y lo que es peor aun es que el gobierno no reconoce este problema, y prefiere elaborar malabares numéricos para afirmar que todo es normal.

Un segundo problema de este presupuesto es sin duda lo relativo a educación. Hemos sido testigos de un gobierno incapaz de, a través del diálogo, encauzar las demandas de los estudiantes chilenos, manteniendo en el presupuesto 2012 un vacío inexcusable, dada la relevancia que ha tenido este año la discusión sobre la materia.

Pero en vez de hacerse cargo, el Ejecutivo opta por retoques marginales y recursos insuficientes para los profundos cambios que se requieren para una reforma educativa de verdad.

El caso paradigmático en este sentido es el anunciado Fondo Educacional. Se presenta como una gran compromiso destinar 4 mil millones de dólares a la educación, pero al analizar la letra chica de ese anuncio, uno se da cuenta que se trata de un simple ejercicio contable, como reconocen los técnicos afines al Gobierno.

El FE se presenta como un esfuerzo adicional en educación, pero en la práctica toma los mismos recursos y los divide en dos: los recursos “normales” de educación, y los que aporta el FE.

Pero resulta que los recursos “normales” en los años anteriores han crecido mucho más que lo que propone el Gobierno para 2012: en promedio entre 2007 y 2010 crecieron 12,8% real anual; y ahora, con FE y todo, crecen 7,2%.

Además, el FE ni siquiera es un fondo permanente; dura 4 años y se acaba ¿Qué tipo de compromiso con la educación es ese? ¿Daremos becas por 4 años y luego las cortaremos?

Sin duda se requieren generar los recursos necesarios para dar sustentabilidad fiscal en el mediano plazo a la reforma educativa, garantizando ingresos permanentes para gastos permanentes.

La oposición está disponible para respaldar reasignaciones del gasto público y una reforma tributaria que garantice aquello.

En suma, el Gobierno claramente tiene una oportunidad de cristalizar en el presupuesto las aspiraciones de equidad que la ciudadanía ha levantado en los últimos meses. Lo relevante es que se abra de buena fe a un diálogo fructífero.

La Concertación ha demostrado estar abierta para lograr acuerdos cuando ha existido la voluntad de conversar seriamente.

Para el presupuesto no buscamos algo diferente: perfeccionarlo para que sea un real aporte para la ciudadanía. En eso la Concertación está alineada.

La duda es si el Gobierno está disponible.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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