El verdadero impacto del apoyo del Senado a la Contraloría

Jorge Caro

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El triunfo de la Contraloría General de la República (CGR) en el Senado, en su contienda de competencia con la Corte Suprema, lejos de representar una derrota para los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica (DGAC), es una oportunidad para que finalmente la Justicia pueda resolver la menoscabante situación previsional que nos afecta y que hemos intentado solucionar desde hace más de 30 años.

¿Por qué afirmo esto? Primero porque se destrabó un tema que llevaba más de un año paralizado en el Congreso. Y, en segundo lugar y lo más relevante, la Corte Suprema sale del escenario y debe dejar este caso en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago,  que en agosto del 2016 acogió en fallo dividido el recurso presentado por los funcionarios de la DGAC y aprobó el cambio de estos al sistema previsional de las Fuerzas Armadas.

Ante esa decisión, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó en agosto de ese mismo año un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema para anular el proceso.

Y poco antes que el máximo tribunal finalizara la tramitación de la causa, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, decidió presentar en el Senado una contienda de competencias al considerar que los tribunales cometen “una intromisión en atribuciones que la Constitución y la ley han entregado a la Contraloría”.

Así las cosas, tras la votación a favor de la Contraloría, la historia retrocede hasta el 9 de agosto de 2016, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de 1331 funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), lo que implicaría una mejora del 70 por ciento en sus mermadas pensiones, con variaciones según grado y años de servicio en la institución.

Ahora estamos a la espera de que la Corte de Apelaciones de Santiago, tras la devolución de los antecedentes del caso desde la Corte Suprema, remita el cúmplase al 29° Juzgado de Santiago para el traspaso de los funcionarios DGAC - adscritos a esta demanda - desde el sistema de capitalización individual a Capredena.

Y una vez que este proceso se inicie esperamos que las autoridades actúen conforme a justicia y no bajo el imperio de conveniencias económicas. Porque cuando así se opera, bajo lógicas numéricas, la justicia se desvanece y el descontento germina en quienes se sienten trasgredidos y olvidados.

Es tiempo de avanzar en este tema, dejar atrás la política de las dilaciones para que el tiempo atenue conflictos que, al final se nutren de la incertidumbre. 

Resolver no solo es relevante para los funcionarios de la DGAC y sus familias, también es una reivindicación que tiene impacto en todos quienes confían en la seguridad y servicios que prestamos desde la DGAC. 

Hoy los controladores que han cumplido 55 años y son de Capredena están dejando el servicio; pero no es este el caso los que pertenecen a una AFP con un régimen previsional que los daña y que, por lo tanto, nos les permite jubilar anticipadamente y menos a los 55 años, edad promedio internacional para el retiro en nuestra área.

Trabajar superando ese límite de edad, en una de las profesiones más estresantes del planeta y que requiere todos los sentidos muy alerta, constituye un enorme riesgo para la sociedad, para quienes confían en nuestro servicio cada vez que suben a una aeronave. Este es un tema que también debemos considerar, más allá de las evaluaciones matemáticas y económicas.

En el escenario actual, los Controladores Aéreos de Chile aún confiamos en la justicia y esperamos que pronto la Corte de Apelaciones dicte el cúmplase a la sentencia que pone fin al daño previsional. Pero también estamos alertas, abiertos al diálogo y también a las acciones que sean necesarias para alcanzar nuestras reivindicaciones.