La Araucanía en llamas

Patricio Young

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¿Que está pasando en esta zona del país, que ya nada nos sorprende? Llevamos desde el año 1997 con un conflicto activo que ha generado un tremendo número de atentados, de cuyo catastro, incluso, no es fácil conocer registro.

Lo que hemos podido recoger, que de seguro no es todo, muestran la magnitud del problema.

Se han quemado a la fecha 234 camiones, el año pasado se incendiaron 20 Iglesias, entre el 2015 a la fecha se han destruido sobre las 50 maquinarias agrícolas y forestales y un número importante pero imposible de precisar de viviendas y galpones quemados. A ello hay que agregar la pérdida de vidas humanas y los heridos, como dolorosa consecuencia de este conflicto.

Para continuar con el análisis, coloquemos algunas cosas en su lugar.

Primero, quienes usan la violencia para reivindicar su lucha son unos pocos y no cuentan con el apoyo de la inmensa mayoría de miembros de esta etnia. Algunos la repudian y otros al menos la cuestionan.

Segundo, aceptar la violencia como expresión de la reivindicación de un pueblo, es definitivamente equivocado e inaceptable. Algunos dirán, bueno, pero si se ha actuado con violencia con ellos. Pueden tener mucha razón, pero verlo fuera del contexto histórico es tremendamente reductivista.

Más aún, bajo ese principio podemos volver a justificar la lucha de clases y todas las reivindicaciones sociales que por justas que sean deben darse en el espacio democrático en que vivimos. De lo contrario estaríamos pavimentando una vuelta a un pasado histórico que solo nos trajo destrucción humana, social y cultural.

Tercero, el problema del pueblo mapuche merece soluciones de fondo a nivel social y político y no medidas de parche como se han dado a la fecha.

Por lo mismo, el análisis y debate histórico, antropológico, sociológico o político se pueden dar, pero nunca podemos justificar la violencia como arma para solucionar los conflictos. La historia nos ha demostrado que cuando se responde a la violencia con violencia, solo se logra en definitiva la destrucción del bien común y la generación, como resultado de ello, de dictaduras o tiranías políticas.

Esta violencia es un atentado no solo a una región, sino a todo el país. Sorprende la manera como ésta ha sido manejada a la fecha. El Estado tiene la obligación de asegurar la tranquilidad y el bien común de toda la región, sin embargo, gobiernos de líneas tan distintas al parecer no han podido o querido controlar la situación como la ley les obliga. Se limitan a presentar querellas y con ello creen que el problema está resuelto.

Efectivamente hay algunos detenidos y condenados, pero son pocos los casos que tienen algún culpable, la mayoría aún están sin resolver.

¿Qué pasa con nuestras instituciones de orden y seguridad que en todo este tiempo no han sido capaces de desbaratar esta organización delictiva? Todos recordamos como un canal de televisión entrevistó en terreno a los dirigentes del movimiento, mientras los organismos de seguridad aún no los encuentran. ¡Sorprendente!

En el Censo, una comunidad completa se negó a responder. Nueva sorpresa. Nada se hace al respecto, el gobierno decide dejarla sin censar. El Censo es una obligación determinada por ley de la república y el gobierno tiene el deber de hacerlo cumplir ¿Se puede hacer simplemente vista gorda?

El efecto que esta crisis tiene en personas absolutamente ajenas al conflicto, como camioneros, miembros de credos religiosos y población en general, es muy alto. No es posible que se siga con esta evidente inoperancia.

Es la vida de una región, su actividad económica, su seguridad y tranquilidad la que está en juego y por lo mismo el Estado con sus distintos poderes e instituciones, tiene la obligación de resolver la situación antes que se agrave más y se transforme en una gran bola de nieve.

Paradójicamente, hace unos días vimos como ETA, el grupo armado que defendía la independencia del Pueblo Vasco, entregaba las armas y se disolvía, optando por un camino político. ¿No es el camino que también debiera seguir el pueblo mapuche? Sin duda alguna es el camino que la democracia nos ofrece para generar cambios que superen este tipo de conflictos y logren una mayor y mejor inserción en nuestra sociedad.

Aprendamos de la historia de los pueblos y no tratemos de incursionar por caminos que han demostrado hasta la saciedad que no han generado soluciones felices, sino mayores conflictos que los que esperaban superar, dejando en el camino muertos y heridos por lo general inocentes.

Pero, mientras tanto, el Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley.