La educación chilena que queremos

La participación de los dirigentes estudiantiles universitarios en el Senado fue ejemplar.Ellos han puesto en el centro del debate no sólo la importancia de la educación para el desarrollo de nuestro país, sino que han apuntado al actual sistema institucional y político de Chile.

Es bueno recordar que la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) fue promulgada el 10 de marzo de 1990 por la dictadura militar, un día antes que recuperáramos la democracia con la Presidencia de don Patricio Aylwin.

En este restrictivo marco, como Concertación ampliamos la educación como nunca en la historia.

Logramos que los 12 años de educación básica y media sean obligatorios, y que por primera vez 7 de cada 10 jóvenes sean la primera generación de su familia que ingresa a la universidad.

Hay que reconocer que durante 20 años no fuimos capaces de generar una educación básica y media de calidad en un sistema público que cada día es más desigual.

Mantuvimos la municipalización y no restituimos un arancel diferenciado para la educación universitaria.

Los jóvenes secundarios y universitarios nos han expuesto con toda crudeza una realidad que es vergonzosa. Tenemos el arancel universitario más caro del mundo y sin embargo su calidad no se condice con su alto costo.

Asimismo, nuestra educación escolar, -desarrollada prioritariamente por sostenedores que son “sostenidos” por el Estado- no alcanza los estándares medios según lo comprobamos a través de los indicadores internacionales principales.

La respuesta del Gobierno ha sido débil en cuanto a fiscalizar el correcto cumplimiento de la ley, abriéndose incluso a que aquellos que incumplen la norma, paguen los correspondientes impuestos.

Esto es ineficaz y no cumple con quienes aspiramos a que la educación, en todos sus niveles, sea catalogada como un bien público, de libre acceso, con contenido democrático y altos estándares de calidad.

La demanda contra el lucro es imperativa al cumplimiento del espíritu de la ley vigente, la cual, plantea como idea fuerza que los establecimientos educacionales son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial.

Sin embargo, la ley ha sido vulnerada flagrantemente, y esa es la reivindicación básica que están haciendo los estudiantes y la ciudadanía en general: el cumplimiento de la norma.

La educación es un bien público, que debe disponer de un sólido sistema de rendición de cuentas y de aseguramiento de la calidad, eliminando todas las trabas al acceso equitativo, lo que implica igualdad de condiciones y oportunidades para todas y todos.

Tenemos que establecer un nuevo sistema de ayudas estudiantiles de educación superior que genere derechos garantizados para los jóvenes, y que esté dirigido exclusivamente a instituciones que cumplan rigurosamente la ley que prohíbe el lucro en las universidades, siendo transparentes con la totalidad de sus recursos financieros.

Un sistema renovado que garantice los principios de libertad de cátedra, de libertad de asociación y expresión y que también asegure y promueva la existencia de federaciones estudiantiles.

La educación en Chile durante el siglo XX fue el mecanismo para el ascenso social y cultural de la población, y fue la expresión de cómo las clases medias y populares comenzaron a participar de los destinos de la nación.

Hoy, a comienzos del siglo XXI nuestra educación es la expresión más clara de la gran desigualdad existente y de cómo se continua reproduciendo y profundizando un modelo inequitativo.

“Qué vivan los estudiantes que rugen como los vientos” dice Violeta Parra.

Ellos han instalado con todas sus fuerzas y claridad el imperativo moral de definir un Estado garante de los derechos en la educación para avanzar hacia un futuro donde las próximas generaciones dispongan de una de calidad, gratuita, laica y sin discriminaciones.

“¡Qué vivan los estudiantes, jardín de las alegrías!”