Legislar con ciencia

La ciencia ha avanzado mucho en el conocimiento de variados temas, pareciera lógico, por lo tanto, que quienes trabajan en el ámbito legislativo consideren la evidencia científica existente al promulgar una ley. Por diversos motivos la relación entre ciencia y parlamento en Chile no siempre ha sido directa, falta principalmente conocimiento mutuo, más aún si consideramos los posibles beneficios que traería la cercanía entre ambos ámbitos. 

El asesoramiento científico y técnico especializado al ámbito político tiene una larga tradición en numerosos países europeos. Es un modelo utilizado en los integrantes de la European Parliamentary Technology Assessment (EPTA), una red formada por 22 miembros, entre los que están el Parlamento Europeo, Alemania, Inglaterra, Finlandia, Grecia, Holanda, Noruega, Suecia y Suiza, entre otros. 

Una de las más conocidas es la oficina de ciencia inglesa, la que tiene por objetivo asesorar al gobierno sobre cómo hacer leyes que impliquen conocimiento científico.

Invita a dejar de lado las opiniones y sentimientos, a veces tan comunes en la política, por pruebas, evidencia y datos que nos guíen hacia las mejores decisiones.

Estos informes permitirían entregar a los parlamentarios información sobre temas de relevancia nacional, contextualizados a los descubrimientos científicos más recientes y proponiendo líneas de investigación que ayuden a generar conocimiento más completo y local. 

Como explicaba Carl Sagan, «la ciencia no es perfecta, con frecuencia se utiliza mal, no es más que una herramienta, pero es la mejor que tenemos: se corrige a sí misma, está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con ella, conquistamos lo imposible». Con esta metodología se busca incluir el “método científico” en la formulación de las leyes.

¿Por qué no incluir una memoria científica como complemento, exigible como hoy se pide un informe jurídico, económico o medio ambiental? 

La dificultad en la relación no es solo aplicable al parlamento. Ya lo comentaba Gonzalo Avaria en una columna, “los científicos debemos salir de la comodidad de nuestros laboratorios y comenzar a visibilizar la relevancia de contar con políticas que tengan una base científica sólida, así como también demostrar el valor de aplicar una metodología científica para evaluar la efectividad de las políticas públicas implementadas”. 

Es una relación bidireccional, requiere tanto que los políticos consideren la evidencia como que la ciencia tenga como fin el beneficio público. En la cuenta Pública 2017, el en ese entonces presidente del Consejo de CONICYT, Mario Hamuy, comentó la posibilidad de un cambio gradual hacia una mayor orientación de los programas nacionales y fondos en investigación hacia líneas estratégicas. 

En ese sentido, la OCDE distingue dos categorías de programas o instrumentos de financiamiento público a la investigación: orientados por misión y no orientados.

Chile históricamente a tendido a estos últimos, principalmente por la ausencia de una política y estrategia nacional en ciencia y tecnología. Algo que debiera cambiar con la pronta implementación del Ministerio del área en el país. 

Es importante que ambos sectores se comuniquen, los responsables políticos y los representantes de la ciencia, la tecnología y la innovación deben mantener contactos regulares que permitan facilitar el empleo de la ciencia de manera efectiva para el asesoramiento de decisiones políticas. 

Debemos promover una cultura política cercana a la ciencia y potenciar una actividad científica centrada en las necesidades de la sociedad para el beneficio del país, como una manera enfrentar los desafíos del Chile del siglo XXI.    

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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