Modernización constitucional y contrapoderes

Después de 16 años se ha puesto en marcha un proceso de discusión pre-constitucional, que masivamente intenta una discusión integral sobre la principal normativa que regirá al país.  Hemos observado que por el hecho de provenir el impulso inicial del Gobierno, que así lo prometió en su programa, se han levantado las típicas suspicacias políticas, tan propias como necesarias en el juego democrático y por ahora no ahondaremos sobre su constitucionalidad, legalidad o eficacia.

Desde nuestro punto de vista es valioso el momento que estamos viviendo y particularmente importante el que se haya invitado a todos los ciudadanos sin distinción, a que den su opinión, lo que no ocurrió con la Constitución que nos rige, ni con las anteriores que se dio Chile, y que en la práctica fueron siempre dictadas.

La clave puede estar en que se teme la opinión de muchas personas y para ello proponemos en que se piense el proceso en algunas claves que pasamos a indicar.

La primera, y la más importante es que todas las normas que se discutan se vayan haciendo cargo de las nuevas realidades y, en consecuencia, la Constitución debe asumir las necesarias modernizaciones que exige un mundo que ha cambiado tanto en los últimos años  y que por ser un hecho notorio no requiere mayor abundamiento. 

Si hemos aprobado tantas leyes en 40 años casi no hay razón para no discutir la ley fundamental, porque sin duda desde todos los sectores se escuchan interesantes propuestas que abarcan el sistema de Gobierno; el Poder Judicial; el Gobierno Regional; definición de garantías, más allá de las individuales; reconocimiento al Derecho Internacional suscrito por Chile; modelo económico-social,  por nombrar sólo algunos de estos aspectos.

Más allá de la cuestión de la legitimidad de la Constitución del ‘80 y del valor de las modificaciones que ha tenido, que no son menores, la clave del éxito del proceso estará entonces en que se le mire como una auténtica modernización normativa para transformar la Constitución Política en un instrumento valorado y proactivo que reconozca y entregue pautas para enfrentar una realidad dentro y fuera del país, que exigirá un gran esfuerzo intelectual.

La ilegitimidad de origen o un afán revanchista no deben ser las justificaciones reales del proceso y por el contrario pueden abortarlo.

Una segunda línea que debiera tomarse en cuenta y que está en el eje de toda esta modernización, es el conjunto de contrapoderes que parecen exigir los nuevos tiempos. 

En efecto, vemos que la Reforma Laboral ha provocado una gran molestia en los sectores oficialistas al conocer en profundidad  el fallo del Tribunal Constitucional que tiene un claro sesgo ideológico. 

La discusión a propósito de las primarias legales ha suscitado un conflicto entre el Servicio Electoral, Partidos Políticos y Tribunal Calificador de Elecciones, donde cada uno proclama sus prerrogativas y autonomías constitucionales. En ambos casos han sido decisorios distinguidos juristas que integran o han sido nombrados por la Corte Suprema, la que a su vez, a través de sus dictámenes interviene ampliamente en el ámbito legislativo.  Se observa una grave tensión entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, por la investigación de causas tributarias de origen político y también entre dicho Ministerio Público y los órganos encargados de controlar la libre competencia que le niegan acceso a informaciones que se estiman secretas por los tribunales aún al órgano persecutor.

Algunos miembros de la Corte Suprema discuten la facultad del Tribunal Constitucional para intervenir en sus asuntos administrativos o económicos, y el Tribunal Constitucional, integrado políticamente, asume la función no de resolver conflictos entre el ejecutivo y el legislativo, como lo fue en su origen, sino que extiende su poder a la interpretación de constitucionalidad de las leyes en trámite y a expresar en sus fallos, líneas ideológicas bajo el ropaje de fallar temas jurídicos.

El Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Banco Central, Contraloría, han asumido roles casi absolutos y no les gustaría perder sus autonomías. Que órganos no electos pueden actuar de esa forma es muy discutible.

Los contrapoderes no cabe la menor duda que han llegado para quedarse, pero ello se ha hecho de una forma que no ha sido orgánica ni armoniosa y han sido creados fruto o de fuertes situaciones coyunturales o de temores ideológicos.  Hoy se alzan voces para dar autonomía al Servicio de Impuestos Internos y a órganos reguladores económicos, sin analizar que la Administración del Estado recae en la Presidencia de la República.

En consecuencia, estas materias, aquí reseñadas son muy importantes de discutir en el momento constituyente, y no sólo fijarnos en los derechos sociales, el derecho de propiedad, o si en la economía actual el Estado pude ser algo más que un regulador, y el país en su conjunto un mero observador de la economía y la política internacional.

Nos ha resultado sorprendente la negativa a participar de algunos sectores políticos, lo que revela una incapacidad de incorporarse activamente en la construcción de una mejor comunidad y mayor cohesión interna que el país necesita profundizar.

Personalmente desarrollé en 1987, por escrito, una tesis sobre la inscripción de la Democracia Cristiana en los registros de partidos de la dictadura, no fue fácil, pero fue lo correcto.  Utilizamos una Constitución que se aplicaba mediante artículos transitorios y no nos amilanamos. Confiamos en la gente, incluyendo los militares.

Modernizar mediante un nuevo texto que recoja las mejores tradiciones, y se haga cargo del  estado actual de casos, es algo bueno para Chile, dejar las cosas como están un error grave.                  

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