Nueva Constitución ¿participación simbólica o vinculante?

Una de las definiciones más esperadas del Mensaje presidencial del 21 de mayo –cómo será  el “proceso constituyente” anunciado anteriormente por la Presidenta-, finalmente no estuvo presente en la Cuenta Pública que en éste y otros aspectos se movió en las aguas de la ambigüedad. Pero surgieron nuevas pistas que hacen posible no descartar que el mecanismo para que nuestro país cuente con una Nueva Constitución sea la Asamblea Constituyente.

“El proceso constituyente deberá garantizar un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable”, señaló la Presidenta ante el Congreso Pleno, en medio de un complejo momento político en que el financiamiento irregular de campañas golpea al gobierno y hasta hizo caer al equipo político que la acompañó desde los inicios y con quien diseñó el programa y las reformas estructurales.

La realización de un proceso constituyente abierto a la ciudadanía para generar una nueva Constitución, había sido anunciado por la Presidenta en cadena nacional al recibir el Informe Engel contra la Corrupción y hasta tiene fecha: septiembre, “mes de Chile”. Diálogos, debates, consultas y cabildos deberán desembocar en una Nueva Carta Fundamental plenamente participativa y ciudadana.

La definición del mecanismo que conducirá a la Nueva Constitución –Comisión bicameral en el Parlamento, Asamblea Constituyente, Comisión de Expertos- adquiere especial relevancia en los tiempos que corren y será una potente señal política sobre el énfasis y la intensidad de las reformas. Especialmente tras el giro a la moderación que ha implicado el cambio de gabinete con Burgos en Interior (que apenas asumido manifestó su rechazo a la Asamblea Constituyente) y el perfil técnico de Rodrigo Valdés en Hacienda, quien ya rayó la cancha de la reforma laboral, descartando de plano la negociación por rama, reeditando la preeminencia de esa cartera en el gabinete tal como en los años 90.

La actual crisis política y de confianza ha generado cuestionamientos ciudadanos a la legitimidad de los representantes del pueblo en el Congreso, dado el financiamiento ilegal de sus campañas por empresas como Penta o SQM. Se instaló la pregunta por las verdaderas motivaciones de los parlamentarios al momento de votar los proyectos de ley, ¿se deben a los ciudadanos o a las compañías que los financian?

Asimismo, los incumbentes difícilmente apoyarán leyes que les afecten directamente, como quedó demostrado con el proyecto de ley votado recientemente en la Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado que pone fin a la reelección indefinida de senadores, diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales, que no tendría efecto retroactivo.

Ello, por la cláusula incluida en el proyecto que sostiene que “para los efectos de los límites a la reelección se considerará su actual período como el primero”. En la práctica ello significaría que recién se implementará en 12 años más, sólo afectará en forma directa a una minoría de parlamentarios en ejercicio y que sumando periodos varios de ellos podrían cumplir hasta 40 años en el Congreso. Paradojalmente, el proyecto que hace parte de la Agenda de Probidad y Transparencia, que busca renovar los liderazgos y evitar clientelismos de parlamentarios apernados en el Congreso, partió con una oscura “letra chica”.

Con todo, el gobierno necesita los votos para aprobar en el Congreso las reformas comprometidas en el programa de gobierno en este periodo que está viviendo Chile, que fue definido en el discurso presidencial como “uno de los procesos transformadores más importantes de su historia”. Por ello, resulta poco probable que la Presidenta se case con un mecanismo que no considere al propio Parlamento en la generación de la Nueva Constitución.

Siguiendo las “pistas” entregadas en el discurso presidencial y en anuncios anteriores, la definición del mecanismo para generar una Nueva Constitución deberá cumplir con el compromiso programático de ser un proceso participativo, democrático e institucional; incluir diálogos, debates, consultas y cabildos que desemboquen en una Nueva Carta Fundamental y equilibrar participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable.

Basta recapitular las condiciones anteriores para concluir que el camino hacia una Nueva Constitución perfectamente puede ser el propuesto por un grupo de abogados constitucionalistas a la bancada de la Asamblea Constituyente: una reforma constitucional de los artículos 15 y 32 N°4, para que la Presidenta pueda convocar a plebiscito y que la ciudadanía elija entre Asamblea Constituyente, Comisión de Expertos o Comisión Bicameral en el Congreso.

El plebiscito cumpliría con los requisitos del programa de gobierno, en la medida en que se requiere la aprobación del Parlamento para su aplicación (variable institucional) y como mecanismo de consulta implica un proceso participativo y democrático. El propio Parlamento puede ser el garante del “momento institucional legítimo y confiable”, primero, aprobando la reforma constitucional para llamar a plebiscito y, luego, las leyes electorales en caso de que se imponga en las urnas el mecanismo de la Asamblea Constituyente.

Reafirmando su compromiso con las reformas (aunque aún está por verse la intensidad de éstas), la Presidenta señaló en su Discurso del 21 de mayo que “necesitamos una nueva Constitución. La demanda ciudadana es clara y mi compromiso es firme” y que el mandato ciudadano fue claro: “conducir las transformaciones que nos permitan ser una sociedad menos desigual y más cohesionada”.

Para cumplir con dicho mandato y en el contexto de la crisis política y de confianza que vive el país, más que una participación que incida en el proceso constituyente (que corre el riesgo de no ser suficientemente considerada si quienes tomarán las decisiones son una Comisión de Expertos o los parlamentarios), lo que Chile necesita es participación vinculante, que sea obligatoria para la definición de la Nueva Constitución.

Nuestro país se merece la oportunidad de que el poder soberano regrese momentáneamente al pueblo (su fuente originaria), para que la ciudadanía logre de una vez por todas superar los cerrojos constitucionales impuestos por la dictadura, darle legitimidad de origen a la Constitución y por primera vez en su historia desarrollar un proceso fundante desde las bases.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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