PENTA y la igualdad ante la ley

Que la prisión preventiva determinada hace una semana para Carlos Délano, Carlos Lavín y Pablo Wagner, fuera confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago este fin de semana, sin duda marca un precedente. Al menos nos da argumentos para decir que en este tipo de casos donde dinero y política van de la mano, la justicia está funcionando.

En estas resoluciones, tanto la medida cautelar como su confirmación, ha primado el principio de igualdad ante la ley. Hoy, los involucrados pertenecientes a los círculos más privilegiados del país, se someten a las reglas comunes de la justicia. Es un hecho.

Esto es muy importante para la restitución de una ética pública, especialmente porque en Chile se ha convivido durante décadas con la sensación incómoda de la impunidad en un amplio sentido.

Donde también la ciudadanía no ha sido lo suficientemente organizada frente a escándalos de corrupción, tráfico de influencias o conflicto de intereses que terminan por afectarnos a todos.Y donde además las instituciones y normas que permiten regular estos actos tienen aún un largo camino que hacer en materia de transparencia y acceso a la información pública; por cierto requieren de mayor fortalecimiento institucional, de activar y regular más mecanismos de rendición de cuentas y de promover la creación de nuevas figuras como, por ejemplo, un Ombudsperson o Defensoría de las personas.

En el pasado los gobiernos han adoptado medidas temporales para dar algunas respuestas desde la política pública, mientras la justicia hace lo suyo. Son acciones que buscan prevenir actos de corrupción vinculados a conflictos de intereses principalmente. Independiente de su efectividad, luego del caso MOP-GATE se formó la “Comisión para el fortalecimiento de la transparencia y la promoción del crecimiento” que tuvo un mandato específico y acotado tal como el recién nombrado Consejo asesor presidencial  contra los conflictos de los intereses.

Conocida también como Comisión Anticorrupción, se le encomendó, entre otras tareas, proponer medidas en el plano administrativo, legal y ético y definir sanciones para casos de corrupción.

Más allá de la idoneidad de la mayoría de quienes integran este consejo, ya sea por su trayectoria pública, credibilidad ciudadana o trabajo como especialistas en el tema, el informe que deben elaborar no solo debe entregar una mirada experta.

Se ha anunciado que habrá audiencias con la sociedad civil además de especialistas y organismos internacionales. Es clave en este proceso consultivo balancear las percepciones y aportes porque finalmente el resultado de este trabajo busca incidir en las condiciones administrativas y normativas para que no ocurran actos de corrupción que afecten al Estado y sus ciudadanos.

Si bien la arista política del caso Penta recién se empieza a investigar, lo interesante de este caso es que marca un precedente en la relación entre dinero y política. La ciudadanía no debe permanecer ajena a este debate.

Generar un movimiento anticorrupción donde varios actores sociales y políticos se articulen no es algo impracticable ni épico. Simplemente es justo y necesario.