Buena ley del cáncer, mala reforma de salud

Los avances en la discusión del proyecto de la Ley Nacional del Cáncer nos hacen pensar que, en un plazo razonable, Chile podrá contar con una muy buena legislación en esta materia, que no sólo asegurará que los pacientes reciban un tratamiento profesional adecuado, sino también garantizará la investigación y la prevención, el diagnóstico temprano y, sobre todo, atacará las inequidades existentes en la actualidad al momento de hacer frente a esta enfermedad. 

La discusión en particular del proyecto nos ha llevado a poner atención en aspectos bastante específicos, como es el caso de los pacientes que sufren radionecrosis, que es uno de los efectos adversos provocados por la radioterapia. 

Esta realidad nos impulsa a pensar en que la legislación debe considerar también los aspectos relacionados con el tratamiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes que sobreviven al cáncer, y que son afectados de manera adversa por las terapias. 

Observaciones como ésta han sido posibles gracias a la amplia discusión que ha tenido el proyecto de ley, en el que han participado especialistas pertenecientes a asociaciones médicas y científicas y organizaciones de pacientes. 

Especialmente destacable han sido los aportes de la comunidad, que fueron canalizados a través de una plataforma Web y que permitieron la generación de un conjunto de indicaciones que han sido incorporadas al análisis en particular de la iniciativa. 

Este ejercicio de participación democrática en la discusión de un proyecto puede constituir, perfectamente, el inicio de una nueva metodología que permita ampliar los rangos de debate y análisis de las leyes en el futuro, otorgándoles un grado de legitimidad y transparencia hasta ahora inédito en el país. 

Nos gustaría que el debate que se avecina sobre la reforma a los sistemas de salud público y privado fuera tan productivo como el que se ha dado en la ley del cáncer. 

En teoría, ambos proyectos apuntan a un objetivo similar, el de mejorar las condiciones del acceso a la salud de los chilenos, con atención integral, oportuna y de calidad, sin discriminaciones ni inequidades y poniendo en foco en las necesidades de las personas. 

El proyecto del cáncer cumple con todos estos requerimientos y aporta otros tantos. La propuesta de modificaciones al sistema de salud está mucho más rezagada. 

Lamentablemente - y a pesar de que se había anunciado como una gran reforma - la propuesta presentada hace pocos días por el Gobierno es más bien un conjunto de cambios superficiales, y sobre todo insuficientes, para hacer frente a la demanda ciudadana en esta materia. 

De hecho, los cambios para FONASA - que concentra al 80% de la población - se limitan a ofrecer un conjunto de cuestiones secundarias que están muy lejos de constituir cambios sustantivos. 

No hay propuesta de cambios estructurales allí donde existen mayores necesidades, pues no se aumenta ni el presupuesto ni la capacidad resolutiva de la red pública. Al contrario, se le resta fuerza. 

La reforma al sistema de Isapres, en tanto, reordena y modifica ciertos aspectos del funcionamiento de las instituciones de salud previsional, mantiene una evidente cautela para no perjudicar, en el fondo, el negocio de la salud privada. 

Durante años, en Chile se ha intentado construir un contrapunto entre la salud privada, a la que se presenta como de excelencia, y la salud pública, a la que se endosa una baja calidad y escasa cobertura. 

Así, quienes desean atención de calidad, deben pagarle al sistema privado, mientras que el Estado subsidia al resto. Por mucho tiempo, han intentado convencernos de que éste es el mejor camino. 

Es necesario romper esta falsa dicotomía entre lo público lo privado: la salud no puede ser concebida, bajo ningún punto de vista, como un bien de consumo transable en el mercado. La salud debe ser un derecho. 

Mantener dos sistemas, uno público y otro privado, no hace sino consolidar la mirada del mercado, pero en la práctica, la existencia separada y paralela de dos sistemas de salud está agotada. Lo que el país necesita hoy es avanzar hacia un sistema único y solidario, donde el acceso a la salud no dependa de los recursos de cada persona. 

Es claro que las propuestas no responden a los elementos más acuciantes que aquejan nuestro sistema de salud. 

Para muchos de nosotros, la solución pasa por la implementación de un Seguro Universal de Salud que entregue protección a toda la población y que reciba todas las contribuciones vía cotizaciones e impuestos generales.

Bajo esta modalidad, las Isapres podrán seguir funcionando, pero como seguros complementarios.

El gobierno, queda claro, piensa en un sentido distinto y así está demostrado en su propuesta. 

Y si bien no le podemos pedir al gobierno que presente un proyecto que va contra su idea de la salud como bien de consumo, el Ejecutivo tampoco puede esperar que aprobemos sus iniciativas sin discusión. 

Aquí no se trata - como le gusta recalcar al Gobierno - de cerrar la puerta la discusión de estas iniciativas, o que asumamos una posición obstructiva. 

Al contrario, vamos a alentar el debate, vamos a analizar punto por punto las indicaciones presentadas y vamos a motivar que todas las organizaciones sean escuchadas. Y desde ahí esperamos proponer los cambios. 

La experiencia registrada con la amplia participación en la discusión de la ley del cáncer debe ser replicada y amplificada en el debate sobre la reforma al sistema de salud. 

Lo que no puede ocurrir es que, ante la discusión de un tema tan prioritario como la previsión de salud, los chilenos queden reducidos a una posición de testigos silenciosos e inmóviles, mientras otros toman decisiones que favorecen a grupos reducidos y allanan el camino a los privilegiados de siempre.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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