La urgencia de validar el derecho a las Aulas Hospitalarias
Después de un largo camino de esfuerzo y perseverancia, finalmente logré exponer en la Comisión de Educación del Senado la urgente necesidad de poner en tabla mi proyecto de ley que valida las Aulas Hospitalarias. Este logro representa mucho más que una simple gestión legislativa; simboliza un paso fundamental hacia la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que enfrentan momentos difíciles de salud, y que, sin embargo, no deben ser privados de su derecho a la educación.
La iniciativa que propongo busca garantizar que las y los menores que atraviesan enfermedades graves puedan continuar con sus estudios en un entorno adaptado a sus necesidades, sin que su condición de salud sea un obstáculo para su desarrollo académico y personal. La educación es un derecho universal, y en este caso, se vuelve aún más crucial, pues representa una vía de esperanza, normalidad y continuidad en medio de la adversidad. La posibilidad de seguir aprendiendo, utilizando las herramientas digitales que el sistema ofrece, fomenta mantener vínculos con sus compañeros y compañeras, y por sobre todo anima a no perder el ritmo de sus estudios, hitos que pueden marcar la diferencia en su proceso de recuperación y en su bienestar emocional.
Es importante destacar que esta propuesta no es una aspiración aislada. La Cámara de Diputados y Diputadas la aprobó con un apoyo transversal de 120 votos a favor, sin ningún rechazo. Esto demuestra que existe un amplio consenso sobre la importancia de garantizar estos derechos y de reconocer la necesidad de fortalecer las Aulas Hospitalarias en nuestro país. Sin embargo, a pesar de este respaldo unánime, la iniciativa lleva más de un año en espera en el Senado, sin avanzar hacia su aprobación definitiva.
¿La razón? Aunque tanto senadores como senadoras de manera transversal han manifestado su voluntad de avanzar, ha sido el Ejecutivo el que ha puesto obstáculos y piedras en el camino. La demora en la tramitación no solo es frustrante, sino que también resulta inaceptable cuando estamos hablando de derechos fundamentales y de la protección de los más vulnerables. La salud y la educación de las y los menores no puede ser objeto de disputas políticas o de intereses burocráticos. La urgencia de esta ley es evidente: cada día que pasa sin su aprobación, deja a estudiantes postergados en sus derechos, enfrentando enfermedades sin el apoyo necesario para continuar con su educación, y que, en definitiva, ven mermada su calidad de vida.
Este escenario nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad y como Estado. La educación no es solo un derecho, sino también un pilar fundamental para la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las personas. Cuando un niño, niña o adolescente se encuentra en un hospital, su situación no debe ser un impedimento para acceder a la educación. La existencia de las Aulas Hospitalarias es una muestra de que podemos y debemos adaptar nuestros sistemas para atender a quienes más lo necesitan.
Por eso, hago un llamado a las autoridades principalmente al Ejecutivo para que prioricen esta iniciativa. La demora en su tramitación no solo afecta a los niños, niñas y jóvenes que necesitan de estas aulas, sino que también refleja una falta de sensibilidad y compromiso con los derechos humanos y la infancia. La salud y la educación son derechos que deben ir de la mano, y en este caso, la ley puede ser un instrumento poderoso para garantizar que ningún menor quede atrás, sin importar las circunstancias.
Confío en que pronto veremos este proyecto convertirse en ley, y que el compromiso de todos los actores políticos, junto al Ejecutivo se traduzca en acciones concretas que beneficien a quienes más lo necesitan. La historia nos juzgará por nuestra capacidad de actuar con empatía, justicia y responsabilidad. La validación de las Aulas Hospitalarias no es solo una cuestión legislativa; es un acto de justicia y humanidad.
Es momento de poner los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el centro de nuestras prioridades. La educación no puede esperar, y menos aún en momentos en que la salud y el bienestar de los más vulnerables están en juego. La esperanza está en que, con voluntad política y compromiso, podamos avanzar rápidamente y garantizar que estos derechos sean una realidad para todas y todos los estudiantes de nuestro sistema escolar que enfrentan una enfermedad
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