Para democratizar hay que venir al sur

Lo peor de las declaraciones del Presidente Piñera en la II Cumbre del Pacífico en México, donde bromeó sobre las diferencias entre un político y una “dama” -afirmando que “cuando una dama dice que ‘no’, quiere decir ‘tal vez’, cuando dice ‘tal vez’, quiere decir que ‘sí’, cuando dice que ‘sí’, no es dama”-, no es que las haya hecho en su calidad de Jefe de Estado, exponiendo a la institución de la Presidencia de la República de nuestro país, con comentarios derechamente machistas, sexistas y misóginos.

Ni siquiera que las haya realizado en el marco de un foro internacional, frente a los Presidentes de México, Colombia y Perú, como si de sus palabras pudiera desprenderse que en Chile la discriminación es una práctica validada por la más alta investidura del Ejecutivo del país.

Lo más lamentable del “chiste” de Piñera es que probablemente represente la opinión de un sector importante de los hombres chilenos, que entre broma y broma dejan entrever la visión que -a pesar de los avances en materia legislativa- mantienen sobre las mujeres, su sexualidad y su presencia en los distintos ámbitos del quehacer social, cultural, político y económico.

El machismo en Chile no sólo está enraizado a fondo en la cultura nacional, sino que también mata. De otra forma no estaríamos lamentando el femicidio número 38 en lo que va de este año que está llegando a su fin.

Sorprendentemente para algunos, Chile –que no se ha cansado de mirar al norte, despreciando a sus vecinos de la región, casi como una política de Estado- es uno de los países más atrasados de Latinoamérica en el respeto de los derechos humanos de las mujeres.

En el XII Encuentro Feminista de América Latina y El Caribe realizado recientemente en Bogotá, Colombia, hasta el que llegaron más de 1.200 mujeres de todo el continente, quedó de manifiesto el avance de equidad de género de países andinos que han impulsado procesos participativos de construcción de sus Constituciones Políticas, incorporando en ellas el derecho a una vida libre de violencia y a la participación política en paridad y alternancia.

El caso del Estado Plurinacional de Bolivia es particularmente interesante. Además de conseguir la constitucionalización de sus derechos, las mujeres han logrado que se cumpla la proporción de la paridad en el Ejecutivo y las llamadas mujeres de “pollera” -indígenas y campesinas- han accedido a puestos de poder y de elección popular de manera inédita.

En Bolivia, las autoridades judiciales se eligen por voto ciudadano y la abogada indígena aymara Cristina Mamani –una mujer de “pollera”- fue electa en octubre pasado con el primer lugar del Consejo de la Magistratura, accediendo al cargo con más votación que ex Presidentes y diputados.

Las mujeres bolivianas fueron consideradas de forma explícita en el acceso y titulación de la tierra en el marco de la Reforma Agraria, y el reconocimiento al valor del trabajo doméstico. La descolonización es el marco de las reformas, desde el cual se erige el Viceministerio de esa temática dependiente del Ministerio de Cultura “S”, del que es parte la recientemente creada Unidad de Despatriarcalización.

En el 30º Encuentro Feminista de Bogotá, escuchamos el testimonio de una de las 300 mil mujeres indígenas y campesinas que sufrieron esterilizaciones forzadas, por coerción o engaño durante el gobierno de Fujimori en Perú, en el contexto de un discurso de lucha contra la pobreza difícil de creer. El personal de salud debía cumplir con “cuotas” en la campaña de esterilización y llegaba a los pueblos colgando lienzos anunciando “Festivales de ligaduras de trompas”.

El caso de María Mamerita Mestanza, que perdió la vida luego de la anticoncepción quirúrgica forzada, fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La novedad del proceso es que en octubre recién pasado, el Estado peruano reconoció que estos brutales hechos constituyeron delitos de lesa humanidad y anunció que la Fiscalía de la Nación reabrirá las investigaciones por esterilización forzada, generando la posibilidad de que después de 15 años las mujeres logren justicia y reparación.

Se podrá argumentar que los casos anteriores corresponden a gobiernos que han impulsado reformas de fondo, y que éstas además han tocado a las mujeres. Sin embargo, la propia Colombia –sede del encuentro latinoamericano y con un gobierno de derecha- ha incluido como política pública la equidad de género y la no violencia contra la mujer.

El 25 de noviembre, Día Mundial contra la violencia hacia la mujer, el propio Presidente Santos dio un mensaje al país por televisión en el que aseguró que “si golpean a una mujer, nos golpean a todos”.

Pero no estaba solo: además de la condena contra la violencia hacia la mujer de la Alta Consejera para la Equidad de la Mujer de Colombia, todos los ministros y ministras del gabinete (Interior, Defensa, etc.) también la hicieron.

En una nación que aún sufre el conflicto armado, la marcha de las mujeres del 25 de noviembre y la de los estudiantes latinoamericanos un día antes, lejos de ser reprimida por las fuerzas de orden y seguridad, estuvo custodiada por amables gestores de convivencia dependientes de la Secretaría de Gobierno, cuya misión era resguardar el derecho a la libre expresión y manifestación.

¿No será hora de comenzar a mirar al sur?