Luis Correa Bluas aseguró que el propio Sergio Coronado lo ha reconocido.
Pedirá al Ministerio Público la inhabilitación del fiscal por querer transferir el caso a la justicia militar.
El abogado de la familia del menor José Huenante, Luis Correa Bluas, quien fue detenido en septiembre de 2005 y cuyo paradero es desconocido, aseguró que el fiscal que lleva el caso, Sergio Coronado, actúa presionado para traspasar el caso a la justicia militar.
"El fiscal instructor de la causa presenta la petición a la justicia militar presionado. Obro por ordenes superiores, ha dicho, a menos que esté faltando a la verdad", manifestó a El Diario de Cooperativa.
Según el legista, tanto el fiscal como el Ministerio Público de la Región de los Lagos han presentado una manifiesta intención de enviar el caso a la justicia militar.
"Ha existido una intención manifiesta de parte del Ministerio Público de transferir este caso a la justicia militar, la cual ha sido cuestionada por los órganos internacionales de Naciones Unidas, en cuanto a su aplicación en materia de delitos comunes como este", sostuvo el profesional.
Con esto se estaría contraviniendo una decisión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt a mediados de año que legitimó la competencia de la justicia ordinaria en este caso, por cual el abogado solicitará la inhabilitación del fiscal en el caso.
"Estamos pidiendo al Ministerio Público que se inhabilite al fiscal y también al Ministerio Público de la Región de los Lagos. No es una petición alucinada, porque Justicia Militar es sinónimo de impunidad", agregó.
Respecto a la acusación al Gobierno realizada en el VII informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales sobre que el joven Huenante es el primer "desaparecido" en democracia, Correa Bluas sostuvo que a su parecer, es así.
"Nunca se ha imputado que el Ejecutivo tenga responsabilidad, pero en el derecho internacional, las infracciones que se cometen por órganos o agentes del Estado importan responsabilidad internacional para el Estado de Chile. No significa que el Ejecutivo haya dado una orden", afirmó.
Además el jurista señaló que de no ser por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, no existirían las pruebas para llevar adelante un juicio oral contra los Carabineros sindicados como eventuales participantes en la desaparición del joven, Juan Altamirano, Patricio Mena y César Vidal.
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