Informe de DD.HH. denunció la primera "desaparición" en democracia
La mención corresponde al joven José Huenante detenido por Carabineros en 2005.
Además, reveló que el Gobierno omite información relevante a los organismos internacionales.
La mención corresponde al joven José Huenante detenido por Carabineros en 2005.
Además, reveló que el Gobierno omite información relevante a los organismos internacionales.
El VII Estudio Anual sobre Derechos Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales denunció el primer caso de un "detenido desaparecido" en democracia.
El texto consideró la detención por parte de Carabineros del menor José Huenante en Puerto Montt, el 3 de septiembre 2005, cuyo paradero sigue siendo desconocido.
En marzo de 2009, tres funcionarios de la policía fueron imputados formalmente por el secuestro y sustracción del menor de 16 años y dados de baja de la institución, pero este informe denunció que la investigación judicial no ha avanzado y que Carabineros de Chile no brinda la colaboración pertinente.
"(El caso) ha venido a rememorar prácticas propias del peor período de la dictadura militar: el drama de la desaparición forzada de personas y de la falta de información y de respuesta oportuna de la justicia y la policía a las demandas de los familiares", señala el texto.
El director del Centro de Derechos Humanos de la universidad, Jorge Contesse, se refirió al caso y sostuvo que llama a la reflexión sobre la situación en Chile. "Esto lo que hace es llamar a la reflexión de cómo es que funciona la institucionalidad chilena cuando personas que pertenecen a grupos desaventajados caen en una situación de desprotección absoluta por causa de la fuerza policial y eso es lo que hace tremendamente delicada la situación en Chile hoy", manifestó
Además el texto sostiene que el Gobierno chileno omite información relevante en los informes enviados a los organismos internacionales sobre la situación de los derechos humanos en el país.
El estudio analizó tres documentos oficiales entregados por parte del Ejecutivo en 2008 y 2009 a organismos internacionales, en los que según la universidad, se omitió otros informes alternativos elaborados por la sociedad civil, que permitían contrarrestar informaciones oficiales.
"Las autoridades estatales, a pesar de sostener un discurso que promueve la participación de la sociedad civil, en los hechos desatienden sus recomendaciones y omiten información crítica que es de interés para los órganos de tratado", sostiene el informe en alusión a los organismos internacionales involucrados en los convenios sobre derechos humanos suscritos por el país.
En cuanto al conflicto en La Araucanía, el informe concluyó que la política del Gobierno no ha resultado exitosa y que la entrada en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no ha logrado institucionalizar canales de participación que alejen el enfrentamiento entre autoridades estatales e indígenas.
Al respecto, la profesora de la institución privada, Mayra Feddersen aseguró que existen avances en la materia, pero se debe poner atención en los retroceso que también existen.
"Hay avances de Chile, sin duda y cada vez que hay avances uno se pone más exigente porque empieza a ver le detalle, pero igual hay retrocesos. Chile tiene que tomarse en serio sus obligaciones internacionales, que no basta con que ratifique tratados de Derechos Humanos, si no adecúa su actuar a esos estándares, pero da una imagen exterior que no se condice con la práctica interior", aseguró.
El llamado "conflicto mapuche" se arrastra desde varios años en la zona, donde comunidades indígenas reclaman como propias tierras que están en manos de empresas agrícolas o forestales. El Gobierno ha optado por una política de compra de tierras para ser distribuidas entre las comunidades.
Sin embargo, el estudio considera que Chile sigue consolidándose como referente internacional en materia de derechos humanos, especialmente tras convertirse en miembro del nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.