Una prenda de la víctima se extravió tras ser puesta en custodia.
Una prueba material importante en el caso de nueve excadetes de Cobreloa por violación está con paradero desconocido, hecho que gatilló las reacciones de la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones con sendos procesos administrativos.
La situación fue revelada en un reportaje del diario La Tercera. El referido medio detalló que el vestido utilizado por la víctima el día de los hechos -en septiembre de 2021- fue extraviado por la PDI, reportándose oficialmente como perdida semanas después de las formalizaciones de los sospechosos el pasado mes de mayo.
El paradero de la vital prueba ha impedido la realización de peritajes clave para la investigación. El 29 de mayo, la PDI abrió un sumario interno, aún en curso, para determinar responsabilidades. Además, el Ministerio Público inició una investigación penal.
A raíz del revuelo causado por la publicación periodística, la Contraloría República anunció otro sumario, a cargo de sus propios funcionarios, para indagar la pérdida de la prenda que estaba bajo resguardo policial.
🔴Iniciamos sumario para determinar las responsabilidades administrativas en las que hayan podido incurrir funcionarios de la institución policial. pic.twitter.com/wJrJocAGbl
— Contraloría (@Contraloriacl) September 24, 2024
La Tercera también remarcó una primera negligencia en el accionar de la PDI: Instar a la víctima a desistir de la denuncia el día después de ser ingresada. Dos detectives fueron sancionados "por no haber acogido debidamente la denuncia" y "se les aplicó una medida disciplinaria severa".
Patricia Muñoz, abogada de la denunciante, señaló al diario que "la conducta de la Policía de Investigaciones refleja una manifiesta negligencia en el comportamiento y en el quehacer en relación con esta causa. Nos parece de la máxima gravedad lo que se está investigando y esperaremos que las sanciones se produzcan con la severidad necesaria".
"Por supuesto, habrá que analizar en su momento acciones que, desde la perspectiva civil o administrativa, la víctima pudiera ejercer contras las instituciones que no han ejecutado las acciones que han debido en relación a sus obligaciones constitucionales y legales", sumó.
