Ley de Delitos Económicos: empresas ajustan estrategias y especialistas piden mayor fiscalización

A un año de su implementación, la Ley de Delitos Económicos ha elevado los estándares de cumplimiento corporativo en Chile, obligando a empresas y entidades a contar con modelos de prevención de delitos efectivos.

"El impacto más notorio se ha observado al interior de las empresas, donde directorios y gerencias han ajustado sus estrategias para identificar riesgos con mayor precisión y fortalecer controles internos, capacitaciones y trazabilidad", señaló Nicolás García Lorca, socio del estudio García Parot.

El abogado precisó que "la ley transforma el escenario regulatorio a partir de tres ejes: la clasificación de delitos en grupos, la ampliación del catálogo de delitos y sujetos responsables, y la imposición de sanciones más rigurosas, con un régimen especial para la determinación de las penas aplicables".

Uno de los cambios más relevantes se observa en el ámbito ambiental. "La tipificación penal ambiental y la necesidad de protocolos unificados entre fiscalías y organismos fiscalizadores son claves para reducir la discrecionalidad y la incertidumbre en la aplicación de la normativa", subrayó.

Hacia el segundo año de vigencia, especialistas llaman a consolidar equipos de fiscalización especializados, establecer reglas claras y auditables de persecución, y generar guías comunes para la prueba eco-penal.