Un protocolo de acuerdo presentado por el Gobierno justo antes de la votación le permitió destrabar la partida de Salud del Presupuesto 2025 en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que aprobó y despachó las principales glosas que habían sido rechazadas antes en la comisión especial mixta.
El Ejecutivo logró reponer este jueves el financiamiento para el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la Atención Primaria de Salud (APS), la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la treintena de Servicios de Salud del país.
Esto empujado por el compromiso que expuso en Sala la ministra de Salud, Ximena Aguilera, tras conversar con parlamentarios. En la previa, diputados de la comisión del ramo habían considerado insuficiente el monto de esa partida, que asciende a 16 billones de pesos y es la segunda más alta dentro del erario público propuesto para 2025.
El de acuerdo presentado por la titular del Minsal contempla 17 acciones, una esencial relativa a la reasignación de recursos en 2025 para reducir con mayor rapidez las listas de espera hospitalarias.
"Lo que dice el protocolo es que son 70.000 (millones de pesos) adicionales. Como está redactado, hay que considerar si efectivamente hay los recursos disponibles después del primer trimestre como para reasignar. Para nosotros, por cierto, que es prioritario, pero también el Gobierno tiene todas las otras necesidades que tiene que cubrir", expuso Aguilera.
Fuentes externas, citadas por la ministra, estiman en 70.000 millones de pesos anuales, en un plazo de tres años, el costo adicional de "absorber todos los actuales registrados en listas de espera".
El protocolo también considera medidas sobre la APS, entre ellas un plan de seguridad y una indicación para incorporarla en la Ley de Infraestructura Crítica, y un análisis de indexadores para cálculo el financiamiento per cápita, uno de los puntos que era discutido por los diputados: pedían avanzar "lo más posible" a 12.960, mientras que el presupuesto original llega a 11.794 pesos.
"A mí me parece que este es un buen acuerdo", opinó el diputado Eric Aedo (DC): "Estas conversaciones van a permitir tener más seguridad en los centros de salud y también ir a un per cápita en la Salud Primaria, que creo que va a superar incluso lo que la propia Confusam había solicitado, y va a estar en torno a los 13.000 pesos".
A su vez, el diputado Tomás Lagomarsino, independiente de la bancada del Partido Radical, valoró que "tenemos un aumento de los indexadores, es decir, el monto para adultos mayores, el monto para lugares rurales: finalmente, eso levanta el promedio del aporte basal, llevándolo en torno a los 13.123 pesos".
No obstante, "evidentemente tenemos un basal que todavía sigue bajo respecto a la expectativa", puntualizó.
Otros compromisos del protocolo consideran un mejoramiento en la gestión de salud con una glosa que regulará las compras a sociedades médicas, un proyecto de subsidios sobre incapacidad laboral y la intención de apurar una ley que sanciona a los grandes emisores de licencias médicas. En materia de hospitales, propone la actualización del plan de productividad quirúrgica e incentivos a las contratación médica por mayor cantidad de horas.
En la votación de este jueves, la Cámara rechazó la glosa sobre el financiamiento para hospitales concesionados, por lo que el Minsal buscará reponerla en el siguiente trámite constitucional, que será en el Senado.
Derecha conservadora incorporó políticas contra terapias hormonales en menores
Como suele suceder en la discusión del Presupuesto, diputados también incorporaron enmiendas sobre políticas públicas permanentes.
En este caso, la derecha más conservadora agregó una indicación, que fue aprobada en Sala, que frena el financiamiento de terapias hormonales, feminizantes o masculinizantes, en menores de edad.
"A nivel mundial hay controversias en cuanto a la hormonización de niños y las operaciones. La evidencia científica es muy débil al respecto y los países que llevan décadas en esta línea han venido retrocediendo en toda esta aplicación. Por lo tanto, esperamos que el Gobierno haya entendido este mensaje, que a los niños se les debe proteger y resguardar en sus derechos", sostuvo la diputada Francesca Muñoz, del Partido Social Cristiano.
El texto, en detalle, establece que: "El Ministerio de Salud no podrá financiar gastos relacionados con la adquisición, prescripción o administración de medicamentos con fines de uso de terapia hormonal, sea bloqueo de pubertad u hormonación cruzada, que formen parte o sean en sí una forma de tratamiento de la disforia de género, sea o no clínicamente diagnosticada en menores de edad".
Otra indicación, también aprobada por la Cámara, reza explícitamente que los ciudadanos chilenos y extranjeros con situación migraoria regular tendrán prioridad de atención en los servicios de salud.
"Muchos chilenos ya están aburridos de que ellos hagan la fila, que ellos tengan que pagar su impuesto y finalmente, cuando necesitan de los servicios públicos, son postergados, no solamente en salud. Por lo tanto, a nosotros nos parece justo que hoy día todas las personas que han entrado por la puerta, siendo migrantes, y los chilenos tengan la prioridad", argumentó el diputado Agustín Romero, de Republicanos.
El Gobierno hizo reserva de constitucionalidad sobre ambas enmiendas y también intentará que sean rechazadas en el Senado.
