A las críticas por la reducción en el Ministerio Público, se sumaron los dardos por los recortes en salud, donde desde el PS acusaron "un engaño".
Un tenso principio de año ha tenido la relación entre el Gobierno y el Ministerio Público luego de que confirmaran una reducción presupuestaria de 7.000 millones de pesos para la Fiscalía Nacional.
Las quejas del Poder Judicial se han hecho escuchar, donde incluso se ha transparentado ciertas teorías internas sobre eventuales "represalias".
Bajo este escenario, hoy el subsecretario del interior, Luis Cordero, dijo en Radio Infinita, que la Fiscalía debería dejar las "teorías de la conspiración" en una sobremesa.
"En Chile no hay autonomías presupuestarias", enfatizó Cordero quien pidió dejar "las estridencias" porque "a nadie se le puede pasar por la cabeza que esto sea una reacción del mundo político".
Justamente, con ese propósito es que se convocó para esta semana una reunión entre Hacienda, la Fiscalía Nacional, y la subsecretaría del Interior.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se defendió y afirmó que "esto es un ejemplo de que la disciplina fiscal no es fácil".
El secretario de Estado añadió que "en Chile abundan dirigentes políticos que piensan que cortar el gasto es fácil, que se hace así de una plumada, que no cuesta nada, y que prácticamente el Ministerio de Hacienda, la Dirección del Presupuesto, agrega poco valor a la gestión pública".
"Esto lo que demuestra es que no es fácil mantener la disciplina en materia de gasto, no es fácil ajustar gastos. Nosotros lo hacemos porque es nuestra obligación, porque es nuestro compromiso con el país", finalizó.
En el área de la salud también se abrió otro franco de controversia luego de que se recortaran recursos de Fonasa, del Instituto de Salud Pública, entre otras instituciones. Las críticas llegaron desde el propio oficialismo.
El senador socialista Juan Luis Castro expresó que "aquí se violó ese protocolo porque en materia de salud sí hay una afectación del orden de 16.000 millones de pesos. Y a eso se agrega que oblicuamente se castiga a tribunales y al Ministerio Público. O sea, áreas como la seguridad y la salud, que por definición quedaron al margen de todo daño por la reducción, sí aparecen gravemente afectados".
"Esto es un engaño. Aquí no es una interpretación, es una realidad que no se cumplió el compromiso formal, que hace tambalear, obviamente, todos los acuerdos que puedan establecerse para adelante con el Ministerio de Hacienda, en estas condiciones desiguales", remarcó.
Al respecto, Marcel manifestó que el Gobierno excluyó aquellas instituciones que fueron explicitadas en la ley, y según recuerda el ministro Mario Marcel, el acuerdo marco exceptuó de este ajuste solamente a los servicios de salud.
