Permisología: Ministro Grau aclaró que ley "no se mete en la parte ambiental"

El ministro de Economía, Nicolás Grau, abordó este miércoles en Cooperativa los alcances y objetivos del bullado proyecto de ley de permisos sectoriales, haciendo énfasis en que su aplicación no implica una reducción en los estándares regulatorios, particularmente los ambientales.

Esta iniciativa, que busca agilizar trámites y reducir la burocracia para distintas iniciativas de inversión, ha sido despachado con respaldo de gremios como la Sofofa, la Cámara Chilena de la Construcción y la CPC.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día, el secretario de Estado aclaró que este proyecto se enfoca exclusivamente en los permisos sectoriales, que son alrededor de 400 trámites distintos gestionados por diversas entidades como Salud, MOP, Ministerio de Transporte o Subsecretaría de Defensa.

"Este proyecto ley regula los permisos sectoriales, es decir, no se mete en la parte ambiental, en la parte que del Servicio de Evaluación Ambiental", enfatizó Grau, que admitió que ha existido una "confusión" en diversos sectores.

"Me he juntado mucho con las organizaciones ambientales y ha habido mucha confusión en este en este tema. Probablemente eso también es nuestra responsabilidad, tal vez lo podíamos haber comunicado mejor, pero es un proyecto que no toca la evaluación ambiental. No tiene nada que ver con eso, es un proyecto que se enfoca en los permisos sectoriales", puntualizó el ministro.

Esto significa que cualquier proyecto con impacto ambiental importante que requiera un permiso ambiental (RCA) seguirá siendo regulado por el sistema de evaluación ambiental vigente, el cual, según el titular de Economía, funciona de manera adecuada y madura.

Los objetivos del proyecto

Asimismo, detalló que el principal problema que busca resolver esta ley es la excesiva demora en la obtención de permisos sectoriales. "Hay permisos que se demoran ocho meses, siete meses, seis meses lo que dice la ley", señaló Grau, quien explicó que el proyecto busca reducir estos tiempos de forma "muy sustantiva", entre un 30% y un 70%, dependiendo del tipo de proyecto.

Para lograr esta agilización, la ley incorpora mecanismos como la posibilidad de tramitar múltiples permisos sectoriales de forma paralela, en lugar de secuencialmente, lo que puede reducir significativamente los plazos para proyectos grandes.

Además, para los proyectos de menor riesgo, especialmente para las PYMES, la ley elimina ciertos requisitos o los reemplaza por mecanismos más simples.

El ministro concluyó que, para quienes creen en un Estado con un rol relevante, es esencial que funcione de manera eficiente y cumpla los plazos, especialmente para apoyar a los empresarios más pequeños.

Los reparos de expertos y parlamentarios

Para Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, la futura normativa "no ataca los elementos que generan más retraso en la tramitación de los proyectos, como es lo medioambiental y el Consejo Nacional de Monumentos".

No obstante, consideró su aprobación "una buena señal, un buen primer paso, pero que en ningún caso debería transformarse en un punto de inflexión en lo que se refiere a nuestra tasa de crecimiento", a pesar de que "estamos despejando un tema administrativo, de gestión burocrática".

Por otro lado, el texto deberá pasar por el Tribunal Constitucional (TC) antes de su promulgación, por una reserva de constitucionalidad presentada por el diputado socialista Daniel Melo: "Esto sin duda es un retroceso, desde el punto de vista de la legislación en materia de la salud de las personas, y el cuidado del medioambiente", argumentó el parlamentario.

La solicitud que realizó se refiere a los artículos 9, 10 y 76 del texto, "porque creemos que afectan la salud de las personas, y ponen en cuestión aquellos fundamentos que están en la Constitución, a propósito de tener un medioambiente libre de contaminación", zanjó el oficialista.