Una poderosa unidad militar insurrecta de Madagascar, el Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), anunció este martes la supresión de la Constitución y la toma del poder en este país insular en respuesta a la grave crisis generada por las protestas populares desde el pasado 25 de septiembre.
"Vamos a asumir nuestras responsabilidades, vamos a tomar el poder", declaró a los medios el líder del CAPSAT, coronel Michael Randrianirina, desde el Palacio Ambotsirohitra, sede de la Presidencia en la capital, Antananarivo.
El golpe de Estado supuso el derrocamiento del presidente, Andry Rajoelina, huido del país, pero que aún se resistía a presentar la dimisión que demandaban las protestas impulsadas por la juventud.
Randrianirina anunció la creación de un consejo que asumirá las funciones del jefe de Estado y dispondrá de un plazo máximo de dos años para "reconstruir los cimientos de la nación".
Asimismo, aseguró que, dentro de ese proceso de transición, "se celebrará un referéndum constitucional".
El líder del CAPSAT también comunicó la suspensión de las actividades del Senado, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia, aunque aseguró que la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento) continuará ejerciendo sus funciones.
Tribunal Constitucional legitima al líder golpista
Poco después, la Alta Corte Constitucional de Madagascar instó al líder militar a asumir funciones de jefe de Estado.
Los magistrados, reunidos en audiencia privada por videoconferencia, declararon la "vacancia" de los cargos de presidente y del Senado, así como la "imposibilidad" del Gobierno en funciones para ejercer sus responsabilidades, según un comunicado.
"Se invita a la autoridad militar, coronel Randrianirina, a ejercer las funciones de jefe del Estado", indica el texto, firmado por el presidente del Tribunal, Florent Rakotoarisoa, y otros ocho miembros de la institución.
Huida y destitución de Rajoelina
Este mismo martes, la Asamblea Nacional votó a favor de destituir al presidente Andry Rajoelina, quien había huido a un "lugar seguro" para proteger su vida, sin precisar su paradero, aunque insinuando que se encuentra fuera del país.
En la sesión, en la que participaron 131 de los 163 diputados, 130 votaron a favor de la destitución, según informó el vicepresidente de la Cámara Baja del Parlamento, Siteny Randrianasoloniaiko.
Horas antes, Rajoelina había emitido un decreto para disolver la Asamblea Nacional en un intento de impedir la votación, que fue impulsada por la oposición.
Sin embargo, Randrianasoloniaiko sostuvo que el decreto carecía de validez legal al no contar con el sello oficial ni con la firma del presidente.
Protestas juveniles y crisis política
El país atraviesa una profunda incertidumbre institucional desde el 25 de septiembre por protestas populares lideradas por jóvenes de la generación Z indignados por los constantes cortes de electricidad y agua.
Las manifestaciones derivaron en un movimiento antigubernamental que exigía la dimisión de Rajoelina, acusado de corrupción, nepotismo y malversación de fondos públicos; y que rechazó la oferta de diálogo nacional hecha por el gobernante.
La represión de las protestas ha dejado al menos 22 muertos y cientos de heridos, según datos de Naciones Unidas.
Sin embargo, la situación dio un giro tras la sublevación del CAPSAT, unidad de élite del Ejército, que llamó a "desobedecer" cualquier orden de disparar contra civiles y afirmó haber tomado el control de las Fuerzas Armadas.
Soldados en vehículos blindados se unieron a miles de manifestantes en la capital, lo que llevó a la Presidencia a denunciar el domingo un intento de golpe de Estado.
El CAPSAT ya participó en el golpe de Estado de 2009 que derrocó al entonces presidente, Marc Ravalomanana, y permitió a Rajoelina llegar por primera vez al poder.
Estas manifestaciones son las más graves que vive la isla en años y suponían el mayor desafío que afrontaba el ya derrocado jefe de Estado desde su reelección en 2023.
