La ley aprobada responde a la "profunda recesión" y al "incumplimiento, la demora o la detracción por parte del Estado Nacional" de transferencias automáticas y no automáticas.
La provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado de Argentina, declaró este jueves emergencia económica en sus 135 municipios, una medida que forma parte de la ley de presupuesto bonaerense de 2026 y que regirá hasta el 31 de marzo de 2027.
Según la ley aprobada durante la madrugada en la Legislatura de Buenos Aires, la emergencia económica responde a "la profunda recesión y el incumplimiento, la demora o la detracción por parte del Estado Nacional de transferencias automáticas y no automáticas" a las provincias.
La provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronista Axel Kicillof desde 2019, es el distrito más poblado del país y representa el 38,6% de la población de Argentina.
No es la única provincia que ha reclamado al Gobierno de Javier Milei el reparto de fondos nacionales adeudados, una situación que en la previa de las elecciones legislativas de octubre llevó al enfrentamiento del presidente argentino con algunos de los gobernadores que lo habían apoyado al inicio de su gestión.
Si bien Milei decidió, a la postre de los comicios en los que obtuvo más del 40% de los votos, retomar el diálogo con los gobernadores para mejorar su gobernabilidad, esta nueva etapa de consenso no incluye a los mandatarios ideológicamente enfrentados al Gobierno nacional, como Kicillof, que ha quedado excluido de las reuniones organizadas por el Ejecutivo junto a un puñado de otros gobernadores.
En la ley de presupuesto 2026, a través de la cual se declaró la emergencia económica, la provincia de Buenos Aires aprobó gastos por 43 billones de pesos.
También se aprobó la ley impositiva, que incorporó una alícuota del 9% a la renta que las entidades financieras obtengan por la compra de títulos públicos emitidos por la Nación.
Quedó pendiente el tratamiento de ley de financiamiento, con la que el gobernador Axel Kicillof busca autorización para tomar 3.035 millones de dólares de deuda, destinados en buena parte a cancelar obligaciones heredadas.
