La Cámara de Diputados despachó a segundo trámite el proyecto de ley que obliga al Servicio Médico Legal (SML) a identificar, en no más de dos años y sin necesidad de una orden judicial, los restos que mantiene bajo custodia, dando prioridad a casos ligados a violaciones de derechos humanos.
El proyecto, impulsado por el diputado libertario Johannes Kaiser, tuvo 58 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones, lo que significa que solo 100 de los casi 150 diputados participaron en la votación.
La iniciativa genera rechazo en el oficialismo, que la considera un intento de poner "punto final" al proceso de identificación de restos de detenidos desaparecidos y, con ello, a la búsqueda de verdad y justicia.
Dicha interpretación tiene como base las controversiales críticas que Kaiser emitió el año pasado, cuando era candidato presidencial, en las que acusó al SML de tener osamentas de víctimas de la dictadura sin periciar, lo que posteriormente fue desmentido por el organismo.
De todos modos, algunos diputados del actual oficialismo votaron a favor del proyecto, como Tomás Lagomarsino, Cosme Mellado y Rubén Oyarzo (todos del comité mixto radical-liberal), quienes terminan su gestión parlamentaria el 11 de marzo.
Diputada Pizarro (PC): "No sé si alguien puede creer que hay un interés de identificar" los restos
Durante el debate, Kaiser señaló: "Comprendo la crítica a una parte del proyecto respecto a la limitación para obligar al SML a avanzar rápidamente y estar listos en dos años con los restos identificados en su poder. Me comprometí a que en el Senado se introduzca una indicación que elimine eso", dijo.
En tanto, la diputada comunista Lorena Pizarro expresó que no sabe si "aquí alguien puede creer que hay un interés de identificar (los restos de víctimas de la dictadura), cuando el diputado mocionante es amigo de Miguel Krassnoff Martchenko y que ha perdido incluso el control en la Comisión de DD.HH. cuando se le ataca".
Casa Allende: Cámara aprobó informe de comisión investigadora
La Cámara Baja también aprobó este miércoles el informe de la comisión especial que investigó la bullada y fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende (1970-1973) por parte del Estado.
El documento, evacuado hace algunos meses, condena, entre sus conclusiones, "la trama del traspaso de recursos públicos", "el viacrucis presupuestario sin actas, correos ni huellas" y "la oscuridad de la toma de decisiones gubernamentales".
El texto también apunta contra "el laberinto jurídico de la adquisición pública" y, respecto al rol del Presidente Boric en el intento estatal de comprar el inmueble, fustigó su "ignorancia de la Constitución como excusa y el deber omitido".
Asimismo, cataloga a los asesores del Segundo Piso de ese entonces como "arquitectos en la sombra de una operación temeraria".
