La instancia aprobó su informe de conclusiones por siete votos contra cinco, y cuestionó la "evidente opacidad con que se adoptaron decisiones al más alto nivel del Estado".
El informe será presentado ante la Sala de la Cámara por el diputado Gustavo Benavente (UDI).
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Con siete votos a favor y cinco en contra, la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el informe que concluye graves falencias en el intento fallido del Gobierno por adquirir la casa del ex Presidente Salvador Allende.
El documento -impulsado por los parlamentarios de oposición Andrés Longton (RN) y Paula Labra (IND-RN)- sostiene que el proceso estuvo marcado desde el inicio por una "grave improvisación institucional", especialmente en el ámbito presupuestario, además de carecer de rigor técnico y jurídico.
Según el informe, la modificación presupuestaria que buscaba habilitar la compra del inmueble "fue realizada de forma interna, mediante una instrucción presidencial, y no contó con la aprobación del Congreso Nacional como sostuvo erróneamente el Gobierno en su momento".
También señala la falta de "procedimientos claros y obligatorios" para enfrentar discrepancias entre tasaciones públicas y privadas. En este contexto, advierte sobre la ausencia de documentación formal y una "evidente opacidad con que se adoptaron decisiones cruciales al más alto nivel político y administrativo del Estado".
"La compraventa de la casa de Salvador Allende no solo pretendía honrar el legado de un ex Presidente, sino que también constituía una operación económicamente beneficiosa para su familia", concluye el texto.
Para el diputado Andrés Longton (RN), quien preside la comisión, con esto se "revela las deficiencias que hubo por parte del Gobierno, muchas creemos nosotros de manera deliberada".
En esta línea, arremetió "particularmente con lo que conocimos del Presidente de la República, que dice de manera bien insólita que no conocía la norma de la inhabilidad, cuando la primera responsabilidad que tiene un Presidente es conocer la Constitución, sobre todo cuando es el capítulo de Gobierno".
"Acá hubo una complicidad política con la familia Allende que se fuera con una debida indemnización por parte del Estado con la plata de todos los chilenos", puntualizó.
Por contraparte, el diputado Raúl Leiva (PS) advirtió que "este es el mejor ejemplo de la desnaturalización de una comisión especial investigadora. La propia Contralora General de la República presencialmente señaló que el contrato preparatorio y el decreto preparatorio no tenían ningún vicio de ilegalidad o inconstitucionalidad".
"Uno podría estar de acuerdo o no con una política pública como es comprar la casa de los expresidentes, pero aquí no ha existido ningún engaño", aseguró el parlamentario.
Uno de los puntos del informe refiere al Presidente Gabriel Boric, a quien se le acusa de intentar eludir su responsabilidad en el proceso. El texto sostiene que el Mandatario incurrió en una "búsqueda de impunidad política" al declarar que desconocía las inhabilidades constitucionales vinculadas a la operación.
"El Presidente señaló desconocer el texto expreso de la Constitución Política de la República, cuestión inaceptable comprendiendo el rol del jefe de Estado en el entramado institucional chileno", señala el documento.
El informe también expresa que "un Presidente que desconoce el contrato político contenido en la Carta Fundamental es alguien que no pareciera estar en posesión de aptitudes mínimas para ejercer la primera magistratura".
El documento será presentado próximamente ante la Sala por el diputado Gustavo Benavente (UDI), quien también integró la instancia investigadora.
