El Presidente Gabriel Boric declaró -en marzo- ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el marco de la investigación por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, instancia en que descartó haber sido informado sobre inhabilidades constitucionales para concretar la operación.
El caso surgió a finales de 2024, cuando el Gobierno anunció la compra por 933 millones de pesos de la residencia de Allende, ubicada en Providencia, con el objetivo de convertirla en un museo, operación que consideraba la firma de contratos con la nieta y exministra de Defensa, Maya Fernández, y una de sus hijas, la senadora socialista Isabel Allende, ambas impedidas constitucionalmente para celebrar contratos con el Estado por sus cargos públicos.
Lo anterior derivó en una denuncia presentada por el abogado y excandidato constituyente del partido Republicano Raimundo Palamara, y en una causa abierta por parte del Ministerio Público que busca esclarecer un eventual fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible.
Según consignó El Mercurio, el Mandatario declaró ante fiscal Cooper en marzo, en medio de las renuncias de la entonces ministra Maya Fernández y en la antesala de la destitución de la senadora Isabel Allende: "A su pregunta, acerca de si sostuve conversaciones con la senadora Allende o la entonces ministra Fernández respecto de la adquisición del inmueble, puedo señalar que durante 2022 y 2023, con la senadora Allende conversamos la idea de preservar patrimonialmente la casa del Presidente Allende", sostuvo en la instancia.
Respecto a la exministra Fernández, Boric afirmó que "nunca conversamos de la adquisición", al tiempo que aseguró que "ni la senadora ni nadie de su familia ejerció nunca presión para la adquisición de la casa".
"Nunca tuve conocimiento de las tasaciones de las casas, y quiero ser claro, jamás hablé con nadie de precios ni de valores", subrayó el jefe de Estado.
El Presidente reconocía que tenía "la convicción de que esto tenía que ser realizado durante nuestro Gobierno", pero descartó que las exautoridades involucradas en el proceso "hubiese presionado a algún funcionario público para intervenir de alguna forma en el proceso de la compra de las casas presidenciales".
"Jamás nadie me informó de la inhabilidad"
Durante la declaración del Mandatario, el fiscal Cooper preguntó en varias oportunidades sobre si alguien le advirtió de posibles impedimentos legales para concretar la compraventa del inmueble.
"Jamás nadie me informó sobre la inhabilidad constitucional", respondió el Presidente Boric, quien descartó haber sido informado por parte de la Las Culturas o de Bienes Nacionales.
"Si había algún problema constitucional, con relación a las propietarias de la casa de Allende, no tuve ninguna advertencia sobre aquello", puntualizó.
En ese sentido, el Mandatario indicó que se enteró de la situación por medio de su jefe de gabinete, luego de que el caso estallara: "Fui informado aproximadamente el 2 de enero de 2025, cuando estaba en la Antártica. Carlos Durán me informó de esta inhabilidad, por lo que ordené que se detuviera este proceso. En ese momento estaba con la ministra Fernández como parte de la comitiva".
La investigación sigue en desarrollo, mientras el Ministerio Público continúa recabando antecedentes sobre la frustrada operación.
Oposición considera "impresentables" las declaraciones del Presidente
Las declaraciones del Mandatario han sido catalogadas de "impresentables" por miembros del Congreso, en especial desde la oposición.
"Es bastante impresentable que el Presidente de la República alegue desconocimiento de la ley o la Constitución para no cumplir con esta, siendo el primer mandato de cualquier chileno, partiendo por el Presidente", cuestionó el diputado Andrés Longton (RN), presidente de la Comisión Investigadora del caso.
En una línea similar, su par Paula Labra, también integrante de la comisión, dijo que "es preocupante que reconozca implícitamente ignorancia de su parte frente a la Constitución".
"Es incomprensible, por último, por sentido común, que no supiera que estaba firmando una inconstitucionalidad de 900 millones de pesos que iría al bolsillo de una ministra y una senadora en ese entonces", puntualizó la parlamentaria RN.
