El presidente venezolano lo acusa de promover sanciones y de incitar a una invasión extranjera.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que se pedirá también la anulación del pasaporte del dirigente, exiliado en España.
Maduro lo acusó de “traicionar a la patria”.
El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retirar la nacionalidad al opositor Leopoldo López por el que calificó de "grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar" del país suramericano, informó este sábado la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.
El jefe de Estado venezolano presentó el viernes un recurso ante el TSJ para "retirar la nacionalidad" a López, a quien acusa también de la supuesta "promoción permanente del bloqueo económico" y "el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros", según un comunicado compartido en Telegram por la funcionaria.
La también ministra de Hidrocarburos señaló que la Cancillería y el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) "procederán de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte" del opositor, exiliado en España.
La solicitud se hizo luego de que López dijera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país y que ve la fórmula en la "presión" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de las aguas venezolanas, lo que Caracas denuncia como una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen".
López afirmó que incluso avala un ataque estadounidense en suelo venezolano que acabe con Maduro.
Rodríguez explicó que se ha hecho la solicitud con base en el artículo 130 de la Constitución nacional, el cual señala que los venezolanos "tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación".
La vicepresidenta también cita la 'Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar', aprobada en noviembre del año pasado, que establece castigos como penas de cárcel, multas o inhabilitaciones políticas a las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras.
La Constitución también establece, en su artículo 35, que los venezolanos "por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad" y que la otorgada "por naturalización solo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley".
