Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenase al Estado de Chile por las malas condiciones de detención de adolescentes en centros del Sename y la muerte de 10 de ellos en un incendio en el año 2007, Cristián Riego, abogado representante de varias víctimas, comentó en Cooperativa las implicancias del fallo internacional.
El penalista y profesor de la Universidad Diego Portales explicó que la resolución contempla principalmente medidas simbólicas, además de una indemnización de alrededor de 7.000 dólares por persona por concepto de daño inmaterial.
"La sentencia —dijo Riego— establece varias sanciones para el Estado chileno, muchas de ellas simbólicas. O sea, por ejemplo, publicar el fallo, lo insta a tomar medidas para seguir mejorando el sistema de custodia de menores, y una indemnización muy pequeña para cada uno de los afectados y, en el caso de las personas fallecidas, para sus familias".
"Es, como quien dice, una instancia al Estado para que adopte una política más amplia respecto de todas aquellas personas que han sufrido de este tipo de situaciones", agregó el legista.
¿Qué dice el fallo?
El fallo de la CorteIDH concluyó que "el Estado, pese a la posición particular de especial garante que detentaba respecto a la población privada de libertad en el Centro 'Tiempo de Crecer' de Puerto Montt, no tomó las medidas necesarias para prevenir el incendio del 21 de octubre de 2007, ni tampoco actuó con la diligencia debida frente al desarrollo del incidente".
La sentencia determinó que Chile es responsable por afectaciones a la integridad personal, a la vida y a la niñez.
Los hechos se remontan al 21 de octubre de 2007 en el marco de una protesta iniciada por los adolescentes detenidos en el Centro de Internación Provisoria 'Tiempo de Crecer', quienes alegaban malas condiciones de detención.
Durante la protesta se originó un incendio en un calentador a gas y el fuego se propagó debido a la presencia de objetos inflamables, sin que existieran medidas mínimas para enfrentar situaciones de este tipo.
La CorteIDH también declaró la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos vinculadas a las condiciones de privación de libertad en las que permanecieron 271 jóvenes que, en diversos periodos entre el 12 de junio de 2006 y el 24 de enero de 2009, estuvieron alojados en los centros de internación provisoria y régimen cerrado Lihuén, Antuhué, San Bernardo y 'Tiempo de Crecer', que estaban a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Entre las violaciones señaladas por la CorteIDH en esos centros de detención se citan el hacinamiento, la falta de infraestructura adecuada, las malas condiciones higiénicas, la falta de segregación por edad y la situación procesal, el uso de celdas de castigo o aislamiento y problemas con los programas educativos.
El tribunal recordó que "los sistemas de responsabilidad penal adolescente deben ser especiales, distintos de los que rigen respecto a personas adultas" y que "no pueden ser estrictamente punitivos, deben considerar el interés superior del niño y priorizar medidas socioeducativas".
Los jueces señalaron que los menores de edad se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad, por lo que "el Estado debe adoptar medidas especiales y garantizar sus derechos con mayor cuidado y responsabilidad".
Gobierno prepara implementación del fallo
En la sentencia, la CorteIDH ordenó al Estado chileno "continuar adoptando medidas a fin de mejorar las condiciones de centros de privación de libertad de adolescentes" y comunicar al tribunal sobre "la creación, anunciada por el Estado, de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación relativa a casos de violencia institucional ocurridos a partir de la creación del Sename".
Chile, que durante el proceso reconoció parcialmente su responsabilidad en este caso, también deberá incorporar los estándares sobre derechos humanos de personas adolescentes privadas de su libertad en los programas de formación continua dirigidos a todos los actores que intervienen en el sistema de responsabilidad penal adolescente.
Al respecto, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, aseguró a Cooperativa que el Gobierno ya está trabajando para la implementación de las medidas.
"Lo que nosotros estamos haciendo es analizarlo muy en detalle (el fallo) y prepararnos para implementarlo en su integridad", señaló la autoridad.
Muñoz añadió que "evidentemente, como ha establecido la Corte y como el propio Estado de Chile reconoció, en parte, en el procedimiento, el Estado es responsable del cuidado de estos niños, niñas y adolescentes y tiene obligaciones en el marco del derecho internacional de los derechos humanos que tiene que seguir implementando, de manera tal de que aquí no solamente exista un reconocimiento, que es el que aporta el fallo, sino que también garantías de no repetición hacia el futuro de este tipo de situaciones que vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes".
Los avances necesarios para el cuidado de niños, niñas y adolescentes
Por su parte, la directora de la Unidad de Protección de Derechos y defensora (s) de la Niñez, Giannina Mondino, afirmó que "las medidas que se tomen tienen que ser efectivas para dos objetivos: uno para reinsertar a los adolescentes y otro para que desistan de la conducta delictual".
"La sentencia debe verse como una oportunidad para que, mediante el nuevo sistema y servicio de reinserción social juvenil, se tomen medidas relevantes que mejoren las condiciones en los centros de privación de libertad, garantizando la protección judicial y administrativa de los adolescentes en conflicto con la ley penal", analizó.
En tanto, Rosario Martínez, exdirectora del Servicio Nacional de Menores entre el 2020 y 2022, considera que "es crucial que el Estado no solo se centre en reparar o indemnizar, sino que avance en la prevención de la vulneración de derechos humanos de adolescentes y jóvenes.
"Para lograr esto, se necesita el fuerte compromiso de todo el Estado en conjunto, no solo del servicio, y que los actores con rol fiscalizador ejerzan sus funciones de manera que se avance en garantizar el respeto a los derechos humanos", puntualizó.
De todas maneras, afirmó que "siempre que se compruebe una vulneración de derechos humanos, el Estado debe tomar medidas para reparar el daño causado".
