El análisis de los devastadores siniestros forestales en Ñuble y el Biobío desató este martes en El Primer Café de Cooperativa derivó en un debate que reflejó la profunda división parlamentaria que enfrenta la tramitación de la nueva Ley de Incendios, hoy radicada en la Comisión de Hacienda del Senado.
Desde la oposición, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) centró su defensa en el sector forestal y el derecho de propiedad, calificando de "mitos" las teorías que vinculan los fuegos con intereses especulativos.
"Se repite como mantra que la industria inmobiliaria quema para después construir grandes proyectos inmobiliarios. Quiero que me digan uno, uno nomás, que haya hecho eso", fustigó.
El legislador agregó que "el tema de los proyectos inmobiliarios es la típica mentira que he escuchado siempre a la izquierda. En el incendio de Viña del Mar no conozco ninguna inmobiliaria que esté comprando terrenos para hacer edificios o grandes especulaciones inmobiliarias. Entonces, claro, hay mucho mito en estas cosas y creo que hay que tomarse estos proyectos, de verdad, con muchísima seriedad".
Respecto a la industria maderera, Romero dijo que tampoco tiene sentido culpar a las forestales de "ineptitud" en la protección de sus predios, asegurando que ninguna empresa atentaría contra su propia inversión.
"Alguien que esté escuchando, ¿cree que existe alguna razón por la cual una industria forestal no va a preocuparse de tener planes de manejo si al final lo que venden es la madera? ¿No se van a preocupar de proteger su inversión, que es la madera, y van a ser tan ineptos de dejar desprotegida su inversión? Entonces hay cosas que se dicen acá y para mí no tienen lógica", criticó.
Quintana y la bomba de tiempo del paisaje forestal
En la vereda opuesta, el senador Jaime Quintana, presidente del PPD, insistió en que la cercanía de los monocultivos a los centros urbanos constituye una amenaza inminente. "Si uno mira las imágenes de los incendios en Lirquén o en Punta de Parra, las plantaciones forestales están inmediatamente, están al lado. Se requiere dejar una franja sin plantar en los alrededores de las viviendas. Si son 50, 300 o 500 metros es una cuestión que tendrá que determinar el órgano especializado, pero en eso tenemos que avanzar. Básicamente esta ley lo que busca es una franja preventiva", explicó.
El congresista también denunció presiones para frenar la normativa: "Ha habido un lobby de la industria forestal. Eso es real y por eso también se ha planteado que la Comisión de Hacienda, que hoy día tiene el proyecto, lo ponga en discusión (...) De lo contrario, vamos a estar todos los veranos (con emergencias). Siempre ha habido incendios forestales por la misma razón".
El parlamentario aclaró que la medida debe ser transversal, pues "no todo es industria forestal, también hay pequeños y medianos productores de bosque".
El dilema de los pequeños propietarios
El diputado Romero respondió advirtiendo sobre el impacto económico de estas franjas de seguridad en los agricultores, tildándolas de una suerte de "semiexpropiación" sin recursos asociados.
"El problema que se ha detectado es que estas franjas que dice el senador tienen el mismo criterio respecto de propietarios agrícolas, parceleros. Entonces, cuando detectamos que eventualmente un tercio de una propiedad podría eventualmente quedar afecta, ahí se produce un problema complejo para la gente que vive del campo", argumentó.
El republicano concluyó con un cuestionamiento a la viabilidad de la propuesta: "¿Cómo le decimos a una persona que produce trigo, que produce granos, que produce algún tipo de producto agrícola, que un tercio de su predio no lo va a poder plantar? ¿Qué le decimos a él? Cuando es también el Estado de Chile el que tiene que tener los planes de manejo, los equipos de emergencia".
