El ministro de Educación celebró que el Congreso aprobara la ley que prohíbe estos dispositivos en los colegios a contar de 2026.
El jefe del Mineduc resaltó el diagnóstico generalizado sobre los efectos nocivos del uso intensivo de pantallas en la salud mental y el comportamiento de niñas, niños y adolescentes.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, defendió la conveniencia de la prohibición y regulación legal del uso de celulares en los colegios, particularmente en las salas de clases, zanjada el martes por el Congreso.
La autoridad valoró la aprobación de esta ley, y subrayó que no se reduce a una medida administrativa, sino que obedece a un diagnóstico generalizado sobre los efectos nocivos del uso intensivo de las pantallas en la salud mental y el comportamiento de niñas, niños y adolescentes.
"El uso del celular es un flagelo que no tiene control, y que hoy día se constituye como una de las principales pandemias que afectan a nuestros niños, niñas y jóvenes a nivel mundial", dijo Cataldo.
"Genera conductas que muchas veces se asocian a diagnósticos de neurodivergencia que podrían no serlo, e incluso adicciones muy complejas, como el fenómeno que hemos visto recientemente con las casas de apuestas online", añadió el titular de Educación.
Desde el inicio del año escolar 2026, los establecimientos deberán definir las medidas necesarias para implementar la nueva normativa y cada colegio tendrá hasta junio para actualizar sus reglamentos internos, aunque la prohibición rige desde el momento de la promulgación de la ley.
"Es importante avanzar en esta regulación en su primera fase, que tiene que ver con el uso de la tecnología hasta sexto básico. La regulación es la prohibición, por lo tanto, entra en efecto inmediato", con acotadas excepciones, indicó Cataldo.
Explicó que la primera etapa buscará instalar una conversación social amplia, para que "esto se convierta en una discusión nacional".
"Como Ejecutivo incorporamos recursos a través de campañas comunicacionales, para que (el tema) sea parte de la concientización hacia la sociedad en su conjunto y, particularmente, hacia las familias", indicó.
La resolución fue valorada por el Colegio de Profesores, cuyo presidente, Mario Aguilar, afirmó que "más que una actitud punitiva frente al tema, en una actitud pedagógica".
"Es decir, el celular, y en general las pantallas, muchas veces operan como distractores, se evidencia que tienen un efecto negativo sobre los aprendizajes y sobre el desarrollo cerebral y de todo el sistema nervioso de los niños y niñas", afirmó.
En ese sentido, sostuvo que "el uso excesivo del celular a edad muy temprana está demostrado que perjudica el desarrollo intelectual, afectivo, emocional, incluso motriz de los niños y niñas. Por lo tanto, nos parece que tiene que haber regulación y tiene que haber limitación en el uso de los de las pantallas por parte de niños muy menores".
La medida también fue respaldada en el Congreso, donde la diputada Sara Concha (Partido Social Cristiano) señaló que "la tecnología puede ayudar si está regulada. Hoy día los niños y niñas en las salas de clases pasan en redes sociales y no toman atención, no generan conocimiento colectivo, no sociabilizan entre ellos, no aprenden a resolver sus diferencias mediante el diálogo. Es por eso que presenté un proyecto de ley hace un tiempo atrás para regular el uso de pantallas, que se convirtió en ley de la República con votos transversales".
"Yo considero que es una buena ley porque no podemos desconocer que estamos en una era tecnológica, pero tampoco podemos desconocer el daño que genera el poder estar expuesto a largas horas de tiempo frente a pantallas, en este caso como el teléfono, que además, el usarlo en las aulas de clase genera un perjuicio en el aprendizaje de los estudiantes", dijo la diputada Javiera Morales (FA).
De todas formas, la ley tendrá excepciones: si el estudiante presenta necesidades educativas especiales; situaciones de emergencia, desastre o catástrofe; si un alumno presenta una enfermedad o condición de salud; cuando la utilización del teléfono sea útil para la enseñanza, o cuando el apoderado lo solicita por razones de seguridad personal.
Soledad Garcés, directora del diplomado en Bienestar Socioemocional y Convivencia Escolar de la Universidad de Los Andes, apuntó que "el aprobar esta ley nos pone a la altura de otros países del mundo que están intentando cuidar la salud mental de nuestros niños. Sin embargo, las cinco excepciones que plantea hace muy complejo para muchísimos colegios de nuestro país implementar la normativa como corresponde".
"Esperamos que esto se corrija en un futuro próximo, pero agradecemos también que este tema se ponga en la sociedad para iniciar esta conversación respecto al cuidado de la infancia", planteó
