El proyecto de ley que busca crear el nuevo Fondo de Financiamiento para Estudios Superiores (FES) y reemplazar al Crédito con Aval del Estado (CAE), una promesa emblemática de campaña del Gobierno de Gabriel Boric, se encuentra en un complejo segundo trámite constitucional en la Comisión de Educación del Senado.
La iniciativa tiene dos pilares fundamentales: un plan de condonación total o parcial de las deudas educativas y la creación del FES como un instrumento de financiamiento público y solidario.
Sin embargo, el proyecto ha enfrentado duros cuestionamientos técnicos y económicos de diversas instituciones. La Pontificia Universidad Católica, a través de un informe liderado por la economista Andrea Repetto y el exministro de Educación Harald Beyer, advirtió que la iniciativa podría generar una "dependencia estructural" del financiamiento estatal. Esto, a su vez, podría comprometer la autonomía de las instituciones universitarias y poner en riesgo la sostenibilidad financiera de algunas casas de estudio.
Organismos claves como el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) también han levantado observaciones, apuntando a una subestimación del costo fiscal a largo plazo. El ente señala que, si las tasas de empleo o los salarios reales de los egresados resultan ser menores a lo proyectado, el costo real para el Estado sería significativamente mayor, afectando la estabilidad del modelo de fondo cíclico propuesto por el FES, que requiere la retribución de los graduados para operar.
La Contraloría General de la República (CGR) se sumó a las críticas, cuestionando el mecanismo de fijación de aranceles. Sostuvo que las normas que permiten al Estado fijar aranceles de referencia y regulados de forma unilateral podrían vulnerar la autonomía de las universidades. Además, cuestionó la naturaleza jurídica del instrumento, señalando que, si bien utiliza la figura de "crédito", su diseño sin morosidad, posibilidad de embargo o reporte de Dicom lo asemeja más a un impuesto o contribución especial.
Debate "duro"
A pesar de que estos nudos técnicos y legales deben resolverse en un plazo máximo de ocho semanas antes del receso legislativo de febrero, la Comisión de Educación del Senado aún no ha agendado la votación.
El Ejecutivo, por su parte, se ha mostrado abierto a realizar cambios en el proyecto, siempre y cuando se mantenga el espíritu de la iniciativa: la sostenibilidad financiera, que sea mejor para las familias y que no intervenga en la autonomía universitaria.
El senador y presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sanhueza (UDI), afirmó que "para los próximos meses lo esperable es que sea un debate duro para poder alcanzar un acuerdo amplio que garantice sostenibilidad financiera, pero siendo realistas con el tiempo legislativo que queda se necesita un compromiso político del Ejecutivo".
Cataldo reconoció que el proyecto "aún requiere madurar"
Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que "los límites son los límites de los principios: primero, que esto sea mejor para las familias; que sea sostenible para las instituciones de educación superior".
"Hay varias discusiones de por medio como, por ejemplo, si hay copago o no hay copago, y cuánto copago. A nosotros lo que menos nos interesa es intervenir en la autonomía de las universidades", indicó el secretario de Estado.
Cataldo agregó que "otro principio que para nosotros es fundamental para el acuerdo es que sea sostenible fiscalmente. Es decir, que el Ministerio de Educación no tenga que disponer la cantidad de recursos que implica el CAE todos los años".
"Nosotros creemos que todo lo que esté dentro de ese marco es factible de acordar. No tiene sentido perder ese escaso tiempo legislativo en un proyecto que aún requiere madurar, cuando se lo podemos destinar a otros proyectos que puedan avanzar mientras maduramos justamente la discusión técnica y las propuestas y los acuerdos con la oposición", subrayó el ministro.
Copago y retribución de egresados
Respecto al copago, el proyecto actual contempla que solo los estudiantes del 10% de los hogares de mayores ingresos contribuirán a la diferencia entre el arancel regulado (fijado por el Estado) y el arancel real (cobrado por la universidad), aunque se debate si ampliarlo a otros deciles.
Sobre la retribución, en tanto, el FES establece que los egresados pagarán hasta un tope del 8% de su sueldo anual (si este supera los 500.000 pesos), un mecanismo solidario donde quienes más ganan subsidian a quienes menos, lo que para algunos, como la Universidad Católica, plantea un riesgo de déficit.
Cruch ofrece lineamientos "plausibles, pertinentes y razonables"
El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) ha presentado 14 propuestas de fortalecimiento al proyecto.
El vicepresidente ejecutivo del gremio y rector de la U. de Tarapacá, Emilio Rodríguez, señaló que la respuesta del Mineduc "habilita para seguir trabajando en el mejoramiento del proyecto a través de las indicaciones que se deben hacer".
"En ese contexto, van a trabajar dos instancias que para nosotros son muy importantes: el Comité Económico y el Comité Jurídico, y creemos que se podrá avanzar, (pero) esa no es una tarea nuestra. Nosotros no hacemos ni damos respaldo político a proyectos de ley, ni a Gobierno alguno; lo que hacemos más bien es establecer ciertos lineamientos estratégicos y académicos que nos parecen plausibles, pertinentes y razonables para mejorar la política pública y para tener un impacto de largo alcance en el desarrollo de nuestra nación", sostuvo la autoridad académica.
Sin embargo, universidades como la Católica y la Diego Portales mantienen distancia, advirtiendo sobre el perjuicio económico que el proyecto podría generar si no se modifican los mecanismos de financiamiento y aranceles.
