La Sala del Senado concluyó este miércoles la discusión y votación, en particular, del proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de las Fuerzas Armadas cuando son requeridas: las denominadas "RUF".
Tras dos jornadas de votaciones (el martes hubo 24 y este miércoles 11 votaciones), el texto quedó en condiciones de ser analizado en tercer trámite por la Cámara de Diputadas y Diputados.
Este proyecto es considerado esencial para el efectivo resguardo del orden público y de la infraestructura crítica, y en la Cámara Alta la derecha hizo valer su mayoría, rechazando varios elementos que habían sido incorporados en el trabajo de las comisiones unidas de Seguridad y de Defensa.
Dentro de la votación de hoy, la derecha rechazó el principio de proporcionalidad, argumentando la necesidad de "un cambio cultural y de mentalidad" respecto a la percepción del uso policial de las armas; pero no logró trasladar a la Justicia Militar la competencia para conocer hechos que involucren a militares y civiles.
Sumando y restando, el ministro Luis Cordero descartó que, en este trámite, el proyecto se haya "endurecido".
"La matriz central del proyecto de reglas de uso de la fuerza se mantiene en los propósitos compartidos, tanto por el gobierno y también por la oposición. Es cierto que tenemos discrepancias sobre algunos aspectos asociados a la aplicación de algunas reglas, pero en los temas sustantivos, el proyecto tiene un amplio consenso", dijo Cordero.
"Creo que hemos llegado a un equilibrio de posiciones. Cuando uno tiene posiciones discrepantes en el contexto de la deliberación, en la tramitación legislativa, hay cosas que ganas y hay cosas que pierdes, pero en términos globales, creo que el sistema institucional gana en certeza", añadió el exsubsecretario del Interior.
"Quiero recordar que hoy día estamos en el peor de los mundos: tenemos reglas de uso de la fuerza que están reguladas a nivel reglamentario o a nivel simplemente administrativo, y eso solo genera incertidumbre para las fuerzas policiales y para las fuerzas armadas cuando intervienen en asuntos del público. (Desde este punto de vista) avanzar en certeza de reglas de uso de la fuerza es una garantía para todos", señaló Cordero.
En la misma línea opinó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Miguel Durana: "Se aprobó una nueva regulación que da certeza al personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad".
"Hemos rechazado el principio de proporcionalidad y hemos mantenido el requisito de racionalidad en el uso de las fuerzas. Además, rechazamos la propuesta del Ejecutivo que quería generar grupos de especial protección. Va a permitirse el uso de las fuerzas letales para evitar daños graves e inminentes a la infraestructura crítica", dijo el senador por Arica.
Respecto a este punto, Luis Cordero afirmó que "las discrepancias en torno a la aplicación de determinado tipo de principios son discusiones jurídicas bien técnicas: mientras la oposición considera que es suficiente simplemente el principio de racionalidad, que es un poco el contexto para efectos del ejercicio de la regla de uso de la fuerza, el Ejecutivo considera que además es conveniente tener el principio de proporcionalidad, que tiene que ver con la acción cuando se ejerce la fuerza".
Sobre la Justicia Militar
La reposición de atribuciones de la Justicia Militar fue uno de los puntos que generó mayor debate, pues se sometió a consideración de la Sala la declaración de inadmisibilidad que habían hecho las comisiones unidas de Defensa y de Seguridad Pública respecto de una indicación presentada por los senadores UDI Javier Macaya, José Miguel Durana y Luz Ebensperger, el RN Kenneth Pugh y el socialcristiano Rojo Edwards.
Esta indicación señalaba que "las causas seguidas en contra de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública por hechos derivados del cumplimiento de funciones de resguardo del orden público, protección de recintos militares o de la seguridad pública interior conforme a la Constitución Política de la República y la ley, serán siempre conocidas por los Tribunales señalados en el artículo 1° del Código de Justicia Militar".
"En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenido en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares. Con todo, dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el Presidente de la República deberá presentar un proyecto de ley destinado a introducir al Código de Justicia Militar modificaciones en materia de garantías de imparcialidad e independencia", agregaba.
Ebensperger y Macaya argumentaron que no es lo mismo, para los agentes, ser juzgado por un juez especializado que por uno que no lo es, y el ministro Luis Cordero sostuvo que dicha indicación es inadmisible porque "altera sustancialmente la regla de persecución penal".
Puesta en votación la admisibilidad de la indicación, la Sala, en votación dividida, la aprobó. No obstante, más tarde su contenido fue rechazado por no alcanzar el quorum requerido de 24 votos a favor.
Además de esta votación, la Sala se pronunció sobre otros 10 temas, la mayoría de los cuales fueron aprobados en los mismos términos en que lo hicieron las comisiones unidas de Defensa Nacional y Seguridad Pública.
Se ratificó la norma sobre resguardo de orden público o de seguridad pública interior, o en la protección de recintos militares, que establece ocho reglas de uso de la fuerza para el personal de las fuerzas armadas.
No obstante, se eliminó un inciso de la regla número cuatro que se refiere al uso de dispositivos que no sean armamento letal destinado al lanzamiento de proyectiles que contengan pintura, gas pimienta, lacrimógenos, agua u otros menos letales.
El inciso eliminado señalaba que "debe evitarse apuntar y disparar armamento directamente al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen de cualquier persona".
También se aprobó con modificaciones el inciso referido al uso de la fuerza para la protección de infraestructura crítica pudiendo hacer uso de la fuerza potencialmente letal cuando se tenga por objeto impedir daños graves e inminentes a la infraestructura crítica.
Además se aprobó la norma relativa al eximente de responsabilidad penal para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública o de las fuerzas armadas que cumpliere las reglas de uso de la fuerza establecidas.
Del mismo modo, se aprobó una norma relativa a las medidas disciplinarias y sobre peritajes en procedimientos sobre uso de la fuerza policial o militar.
