Las autoridades siguen en alerta luego de que cinco exfuncionarios de la Fuerza Aérea (FACh) fueran detenidos por intentar trasladar ketamina en un vuelo institucional, caso que se sumó al de los siete exsuboficiales del Ejército, acusados de integrar una red que trasladaba droga de Iquique a Santiago.
El hecho originó una pugna entre la Fiscalía civil y la militar, debido a que ésta última, en un principio, se negó a otorgarle los antecedentes por considerar que la indagación del caso correspondía a sus facultades. La polémica incluso escaló hasta tribunales, pues el Ministerio Público solicitó una audiencia de contienda de competencias, sumado a que el Presidente Gabriel Boric instó a la FACh a cooperar con la justicia ordinaria.
La Fiscalía de Aviación se declaró incompetente durante la jornada del sábado, dejando la causa en manos del Juzgado de Garantía de Iquique.
En entrevista con TVN, el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó la contienda de competencias y aseguró que "el daño que produjo esa pérdida de tiempo al esclarecimiento de los hechos se va a poder establecer finalmente cuando la investigación se cierre. Nuestras posibilidades de éxito para esclarecer los hechos y para perseguir un delito de esta naturaleza son siempre mayores en la medida que las autoridades competentes y especializadas intervienen con la mayor prontitud".
El jefe del ente persecutor manifestó que "parece ingenuo pensar que esto nunca iba a pasar".
Valencia indicó que "el tráfico de ketamina en territorio nacional está asociado de manera muy importante y muy frecuente a la actividad de bandas venezolanas que están relacionadas con el Tren de Aragua", por lo que "si aparece ketamina, uno tiene motivos fundados para presumir que detrás de eso puede estar esa organización".
Sin embargo, descartó la existencia de datos que confirmen una infiltración del crimen organizado en las entidades castrenses. "Afirmar de que haya redes y que esto sea una actividad que involucra a muchísimas más personas, que sube en el alto mando, en la organización y en la estructura de las Fuerzas Armadas, o pensar que en base a antecedentes confiables que tengamos nosotros vamos hacer una afirmación pública de esa naturaleza, me parecería irresponsable de parte nuestra", dijo.
Abogado defensor presentó recurso de amparo
El abogado Marcelo Rocha, representante del cabo primero Mauricio Ponce, uno de los militares involucrados en el caso de los aviadores, presentó un recurso de amparo al acusar que la FACh vulneró la defensa de su cliente al impedirle acceder a él mientras estaba detenido en sus dependencias.
"Se ha restablecido el imperio del derecho. La justicia militar informó debidamente a la Corte de Apelaciones la situación actual, procesal y personal de nuestro defendido, al mismo tiempo que todos los antecedentes de la investigación pasaron al Tribunal de Garantía de Iquique y físicamente los detenidos, incluido nuestro representado, fue puesto a disposición de un recinto de Gendarmería", valoró el abogado defensor.
"Así que el alcance del primer encargo que se nos formula, nosotros estimamos que está cumplido y nos alegra, sin perjuicio que lamentamos lo que ocurrió durante la semana, que recordó los peores años de la historia de Chile, porque pasaron largos nueve días en que un soldado fue sacado de su casa y permaneció en un recinto militar sin que nadie diera explicaciones de lo que pasaba con él", agregó Rocha.
Diferentes sugerencias desde el Congreso
Desde el Congreso, algunos parlamentarios también se han pronunciado respecto a cómo se debería resolver la situación judicial de ambos casos.
"Debe existir un protocolo en todos los órganos del Estado, y particularmente en las Fuerzas Armadas, de cómo proceder frente a un hecho de esa naturaleza", sugirió el diputado Raúl Leiva (PS).
"Se deben activar de manera conjunta el trabajo con el Ministerio Público para desbaratar, y no solo procesar, como podría hacer la justicia militar, a esos funcionarios militares que ingresaron esa maleta al avión, sino que desbaratar la red completa", añadió el parlamentario.
En tanto, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) advirtió que se "está corrompiendo lo mejor, aquello que nació para protegernos y justamente para combatir la delincuencia y el crimen. Por eso, creo que en esta materia hay que ser muy claros y muy duros".
"Si una persona normal, un ciudadano común y corriente, es parte de un cartel de droga, tiene que tener una sanción. Pero si esa persona es un político o un juez o un miembro de las Fuerzas Armadas, el castigo debe ser mucho mayor", puntualizó el legislador gremialista.
La formalización de los cinco exsuboficiales de la FACh está fijada para el próximo martes 15 de julio, instancia en que se espera se analicen los antecedentes y determine la posible sanción penal de los imputados.
