El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago lleva a cabo la audiencia de cautela de garantía del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, en el marco de la denuncia en su contra por una presunta violación a una subalterna.
Esta audiencia fue solicitada este lunes por parte de los abogados de la exautoridad, con la finalidad de que se les otorgue un acceso a la información del caso, para así poder ejercer el legítimo derecho a la defensa.
En la instancia participa la parte denunciante, el Ministerio Público -con el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, y el fiscal Francisco Jacir- y la defensa de Monsalve, representada por los abogados Cristián Arias y Lino Disi.
Desde el ente persecutor se informó que se investigan tres delitos contra Monsalve: abuso sexual por sorpresa, violación y una vulneración a la ley de inteligencia y obstrucción de la investigación.
El fiscal Armendáriz precisó que "esta causa para el Ministerio Público se inicia en la mañana del lunes pasado, 14 de octubre, con una presentación de la víctima ante las oficinas de la Fiscalía e interponiendo la denuncia. Cuando nos fue comunicada esta situación, se solicitó una declaración completa de la víctima, que se llevó a cabo ese mismo día lunes en la tarde".
CONTROVERSIA POR LA DECLARACIÓN
Entre los antecedentes que se han entregado, se confirmó que el 15 de octubre fue a entregar declaración a los fiscales Jacir y Armendáriz en el Hotel Panamericano, incluso accedió a que pudieran revisar la habitación, a que le tomaran un hisopado bucal y entregó prendas de ropa para aportar en la investigación.
"El Ministerio Público entiende que no fue una declaración, nosotros entendemos que fue una declaración", afirmó el abogado defensor.
Aunque Armendáriz matizó con que el imputado indicó que "a mí me gustaría, señaló, declarar de que no me de acuerdo nada e iba a seguir y yo dije, un momento, señor Monsalve, usted es imputado en una causa", recordándole que tiene derechos, entre ellos, a guardar silencio.
Ante eso, Monsalve reiteró, dijo el persecutor, que "no me acuerdo de nada de lo que sucedió en los hechos y lo demás me lo reservo con mi abogado, palabras más, palabras menos, pero la supuesta declaración es un intercambio de palabras del tipo que acabo de decir, que habrá durado, no sé, un minuto".
"Lo que hay es una persona que espontáneamente, al intimar de una orden y explicarle de qué se trata, señala aquello, se le advierten los derechos, repite y dice, lo demás me lo reservo con mi abogado", añadió.
La Fiscalía deberá entregar, en no más de 15 días, la información que no está amparada bajo el secreto de la investigación, pero se descartó la solicitud de la defensa para que esta modalidad esté vigente por sólo 20 días, en lugar de 40.
Terminada la audiencia, el abogado Arias aseveró que "la información que hoy salió es primera vez que la tenemos; no teníamos más información, hoy tenemos algo más, y desde ahí vamos a construir la defensa".
"Por supuesto que vamos a solicitar diligencias: vamos a colaborar con la investigación y el esclarecimiento de los hechos, ojalá lo más pronto posible, como ha sido desde un inicio. Como se dijo, el señor Monsalve, desde incluso antes de estar acusado, ha colaborado, y eso va a seguir ocurriendo", enfatizó el defensor.
CUESTIONAMIENTO A LA REVISIÓN DE CÁMARAS
Asimismo, se comunicó que, antes de que se hiciera la denuncia contra Monsalve, éste no solo ordenó revisar las cámaras del hotel, sino que del restaurante y otras, así como también pidió a la jefa de Inteligencia que chequeara que no le hubiesen clonado el celular y envió a personal de la PDI a la casa de la víctima.
"Hubo una actividad previa, en cuanto el imputado, aprovechándose de su condición y del tipo de funcionario público que es y su contacto con la PDI, pidió llevar adelante diligencias para buscar antecedentes de cámaras respecto del 22 al 23 (de septiembre). Pero hay que tener en cuenta una cuestión, su señoría: esto para el Ministerio Público es importante. Los hechos ocurrieron del 22 al 23, pasó el día 24 (...) hasta el 10 de octubre, su señoría, casi tres semanas en que esta gestión no se hizo, y hasta donde sabemos, el imputado no comunicó esta situación a nadie en términos oficiales", ahondó Armendáriz.
Y continuó señalando que "tres semanas después se empezó a preocupar de qué es lo que pasó, por qué tengo esta memoria borrada y, sobre todo, qué es lo que ocurrió en el intertanto; sufrí algún tipo de atentado, me clonaron el teléfono, tengo algún dispositivo para obtener información, fui objeto de alguna suerte de secuestro. Pero esa preocupación le viene tres semanas después, antes no. Su señoría, creemos que aquello no obedece a una real situación de esa naturaleza, sino a lo que obedece es que el señor Monsalve empezó a pensar que iba a ser denunciado, que iba a ser imputado y por un delito de violación".
También se reveló que después de la incautación de sus teléfonos, compró otro para poder contactarse con su familia, el cual fue incautado dos días después, el 18 de octubre. La defensa acusó que esta diligencia fue ilegal, mas en la audiencia se acordó que borrara todos los mensajes personales al frente del juez, y dejar el dispositivo en manos de la Fiscalía.
María Elena Santibáñez, abogada de la víctima, sostuvo que "en este caso, probablemente como en ningún otro y considerando las características del imputado, el poder que ejercía en nuestro país que sigue ejerciendo y además las características de la víctima que represento, que corresponde a una persona que era subalterna del imputado, resulta más o menos manifiesto las posibilidades de que el imputado pueda obstaculizar la investigación, toda vez que hay antecedentes de que ya ha hecho gestiones en ese sentido".
GOBIERNO: NO NOS CORRESPONDE OPINAR SOBRE UN PROCESO JUDICIAL
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada sobre esta audiencia y respondió que "al Ejecutivo no le corresponde opinar ni pronunciarse sobre una proceso judicial que está en curso, por resguardo obviamente a la independencia de los poderes (del Estado), esto ya no está en manos del Ejecutivo, ni opinar sobre algo que es parte de una investigación y que está resolviendo, incluso, en particular, cautelares de garantía sobre la reserva o no de estos procedimientos, justamente por distintas consideraciones; eficiencia de la investigación como protección a la víctima".
Sobre los antecedentes entregados por la Fiscalía, la secretaria de Estado sostuvo que Monsalve "está sometido como ciudadano a una investigación en curso que tendrá que dilucidar si en su rol como autoridad, sus decisiones y sus instrucciones se ajustan a la ley, o infringen o incurren en delitos, como obstrucción a la justicia u otros".
Por su parte, el sucesor de Monsalve en la Subsecretaría del Interior, Luis Cordero, comentó que "los hechos denunciados, en el origen de la denuncia y de la querella, son gravísimos en sí mismos", al tiempo que sostuvo que "algunas acciones que él ejecutó en el periodo intermedio, que son objeto de investigación, de ser ciertas son gravísimas también".
"En tercer lugar, por cierto que el Ejecutivo repudia cualquier acción que él, o cualquier funcionario público en el ejercicio de su cargo, suponga un ejercicio indebido de la función", cerró la autoridad.
