La bancada de diputados de Renovación Nacional, liderada por Miguel Mellado (jefe) y Carla Morales (subjefa), anunció que presentará un proyecto de reforma constitucional para incorporar a la Dirección de Presupuestos (Dipres) al catálogo de autoridades susceptibles de ser acusadas constitucionalmente.
La moción busca modificar el artículo 52 de la Constitución, permitiendo a la Cámara de Diputadas y Diputados ejercer un libelo en contra del titular de la Dipres "por comprometer gravemente la sostenibilidad fiscal o incurrir en delitos como malversación de fondos públicos, sobornos o concusión".
La iniciativa se da en medio de las críticas a la gestión de la actual directora, Javiera Martínez, y del ministro de Hacienda, Mario Marcel, por no incorporar los eventuales efectos de la guerra arancelaría de Estados Unidos para calcular su proyección de crecimiento, que mantuvo en un 2,5% para este año.
Distintos traspiés y episodios conflictivos han llevado al constante cuestionamiento de la figura de Martínez por parte de la oposición.
Ante esto, los parlamentarios de RN ya recurrieron a la Contraloría General de la República para denunciar inconsistencias en la formulación del Presupuesto de la Nacional.
"Quienes entienden cómo funciona el Estado, saben que la Dirección de Presupuestos y su directora tienen un rol esencial, tanto o más que ministros y delegados presidenciales. Por lo que frente a una lealtad mal comprendida del Presidente, el Congreso debe tener la posibilidad de activar su salida cuando se pone en peligro la sostenibilidad de la política fiscal", señaló Mellado.
En esa línea, Morales apuntó que "el prestigio de Chile y de un servicio de excelencia históricamente comienza a afectarse de manera seria, y al Presidente Boric parece no interesarle".
"Por su parte, el ministro Marcel califica a Martínez como la mejor directora de la historia. Esto deja la enseñanza que, frente a casos de evidente ceguera como este, el Congreso necesita herramientas dentro de la institucionalidad", aseveró.
En ese sentido, la moción enfatiza en que el mecanismo "se vuelve más imprescindible ante jefes de Estado que se niegan a remover a funcionarios de su exclusiva confianza, incluso cuando existen evidencias graves y un juicio lapidario de la opinión pública sobre su gestión".
"La acusación constitucional, si bien es un instrumento de última ratio, es fundamental para asegurar la responsabilidad política cuando la prudencia presidencial no opera", consigna el proyecto.