El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, aseguró que no impulsarán una nueva acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá.
La oposición venía exigiendo al Gobierno sacar a la secretaria de Estado mediante un cambio de gabinete, y advertía que, en caso contrario, llevaría a cabo un libelo acusatorio de la Cámara Baja, pero hoy el Presidente Boric determinó que no habría ajuste ministerial.
En este contexto, el timonel UDI indicó que ha conversado con parlamentarios de las oposiciones en la Cámara, y declaró tener la "impresión de que si alguien presenta una acusación constitucional, no van a estar los votos para que sea aprobada".
"Es más, yo apostaría que si se presenta una acusación constitucional va a tener menos votos que la anterior, que fue rechazada (a mediados de octubre). Por lo tanto, creo que el camino no es ése", matizó el parlamentario de Chile Vamos.
Por su parte, la jefa de bancada de Renovación Nacional, diputada Ximena Ossandón, sostuvo que "no hemos cambiado, seguimos recabando antecedentes, pero efectivamente el tema de los votos, que estén los votos, es muy importante".
"Claramente no vamos a caer (en una estrategia del Ejecutivo), porque yo creo que el Presidente dijo: 'Mantengo a la ministra para que sea el Congreso quien trate de botarla' y, de alguna forma, la termina reafirmando", añadió.
Desde el Gobierno, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, apuntó que "me llama la atención que se utilice este instrumento con el objeto de promover un cambio de gabinete, porque implica una desviación respecto del sentido por el cual el constituyente estableció la acusación constitucional. Eso implicaría establecer una especie de parlamentarismo de facto, cuando también conforme a la Constitución, quien evalúa al gabinete es el Presidente de la República".
Por ende, "haría un llamado a actuar con responsabilidad y no abusar de las acusaciones constitucionales, como lo he hecho en reiteradas oportunidades".
TOHÁ INTENTA RETOMAR LA AGENDA DE SEGURIDAD
En medio de todo esto, la ministra Tohá intenta retomar el control de su agenda en el Congreso en materia de seguridad. Esta jornada estuvo en la Cámara Baja, donde fue aprobado, de manera unánime, un proyecto que le da carácter de público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, y que ahora debe ser visto por el Senado.
También participó en la comisión mixta que tramita el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. En la instancia, se discutió sobre las atribuciones de los subsecretarios, concretamente si podrán pedir informes a Inteligencia, incluso por situaciones personales, en clara referencia al caso Monsalve.
"Para mí ha sido bien impresionante esto de haber requerido la intervención de la PDI para ir a acercarse a la víctima. Porque si nadie prendió la alarma, hay dos posibilidades: o era tal el nivel de complicidad que nadie prende alarma, o esto era usual. Si era la primera vez que acontecía, cualquier director de Inteligencia, en su sentido común, dice 'pero qué cosa más rara'", indicó el diputado Diego Schalper (RN).
"Además, se nos informó que para requerir la presencia de una persona para una gestión investigativa, se requiere a la ministra del Interior para que lo convoque", apuntando al director de la PDI. "Entonces, todas esas interacciones que aquí hemos dado quizás por obvias, me parece que es importante que las clarifiquemos", precisó Schalper en la instancia.
La titular del Interior salió al paso de los dicho del diputado RN y explicó que "lo que hasta ahora sabemos -o creemos saber que sucedió, en este caso- es que una autoridad pidió un informe de Inteligencia, cosa que estaba en sus competencias hacer. Y desde ese punto de vista, la directora de Inteligencia (Cristina Vilches), por haber acogido esa solicitud, no cometió ninguna ilegalidad. Pero el tema aquí, como lo presentó -o cómo sabemos que lo presentó, porque ninguno de nosotros fue testigo de esas conversaciones- tenía que ver con un tema de seguridad".
"El problema no es que la directora de Inteligencia haya pedido una solicitud, sino que en el cumplirla hizo diligencias que eran del todo imprudentes. Así lo valoró el director de la PDI, y por eso le pidió la renuncia", recordó Tohá.
La ministra fustigó, en tanto, que "volver a poner aquí, una y otra vez, que se le advirtió, cómo actuó el director de la PDI, es lo más prudente que podía hacer. Es legal como se hizo y funcionó bien".
