El diputado Andrés Longton (RN) aseguró que existió una "concertación" en el gobierno para insistir en la compra de la casa de la familia Allende pese a que sabían las consecuencias que una transacción de estas características conllevaba.
El medio Ciper dio a conocer que en octubre del año pasado la división jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales expuso una minuta a los asesores de Presidencia, alertándoles sobre las "consecuencias morales, políticas y jurídicas" de esta compra.
A la espera de una sesión de la comisión investigadora este lunes, Longton dijo que "el señor Leonardo Moreno, asesor de la Presidencia y que tenía contacto directo con el Presidente, estaba a cargo de la fallida compra de la casa del expresidente Allende, al parecer tenía una minuta pormenorizada, que le entregó Bienes Nacionales, acerca de las consecuencias políticas, jurídicas y morales que iba a significar continuar con esta compra y decidieron hacerlo de igual manera".
"Ahora se hacen los desentendidos e incluso el Presidente dijo que no fueron advertidos o que nada se sabía. Eso está empezando a salir a la luz y que no es así, que en definitiva al parecer hubo una concertación para -que a pesar de la ilegalidad e inconstitucionalidad- seguir con esta compra que le estaba costando millones y millones de pesos al Estado y a los contribuyentes, es decir, a todos los chilenos", recalcó.
Mientras tanto, la Sala de la Cámara de Diputados votará este miércoles la acusación constitucional presentada en contra de la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, por estos hechos.
El diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) adelantó que "vamos a revisar detenidamente los argumentos que se entregan por parte de la defensa de la señora ministra Maya Fernández y también las conclusiones de la comisión revisora que ha abordado esta situación".
"Se le acusa respecto de firmar un contrato con el Estado. Todos sabemos que la firma por parte de los ministros de firmar un contrato con el Estado es una falta a la Constitución y a la ley evidentemente", añadió.
Para Calisto "desde el punto de vista de la responsabilidad política, nosotros creemos que la responsabilidad de ella está asumida. La ministra renunció a su cargo apenas se conocieron los antecedentes de estos hechos, por lo tanto, de alguna manera la responsabilidad política se salda con esta situación".
