La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió este sábado a las críticas sobre la incorporación de 151 millones de pesos destinados a la futura dieta del Presidente Gabriel Boric, una vez finalice su mandato en marzo del próximo año, en el proyecto de ley de Presupuesto 2026.
La iniciativa, que sumaría unos 830 millones de pesos en total para todos los exgobernantes, ha generado críticas desde la oposición y el diputado Andrés Longton (RN) incluso planteó la posibilidad de rechazar por completo el proyecto si es que no se modifica.
En ese sentido, la ministra Vallejo explicó en Meganoticias que "la fijación de las dietas de los expresidentes es un mandato constitucional y que la ley entonces tiene que reflejar".
"Aquí no hay ninguna innovación y lo que hace la ley es hacerse cargo no más de aplicar ese mandato constitucional. Tiene un criterio que no es particular y personal de un expresidente, sino que se fija en función de esta norma constitucional para todos, sin distinción. Y cada vez que hay un nuevo expresidente, esto se tiene que regular y fijar por ley", sostuvo.
Desde el oficialismo, el diputado y vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC), también respaldó la propuesta y afirmó que "la dieta de los expresidentes de la República no puede estar en cuestión. Plantear ese tema es una picantería política. Y yo espero que la política no se convierta en decisiones que simplemente degradan las instituciones de la República".
Las críticas también han llegado por la reducción de algunos programas educativos. Si bien el gasto total de la cartera aumenta, el alza se concentra en la gratuidad de la educación superior, mientras que planes destinados a enfrentar la deserción escolar quedan sin recursos.
El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, criticó en el Diario de Cooperativa que "la señal que entrega este presupuesto es muy clara: es su momento de salir, el gobierno prefiere su grupo de interés":
Reducción en materia de seguridad
Otra de las observaciones que ha recibido el proyecto presentado por el Gobierno es la reducción en materia de seguridad, que afecta al plan contra el crimen organizado en un 31,7% y los destinados a las cárceles, pese a un marginal aumento de 0,8% para Gendarmería.
"Va en contra del sentido común la decisión que ha tomado el Gobierno de presentar un presupuesto que debilita la lucha contra el crimen organizado. No solo respecto del aumento marginal del presupuesto de Gendarmería, sino que los recortes que se hacen, entre otras materias también, en el Plan Nacional contra el crimen organizado", planteó el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, el diputado Cristián Araya (Republicanos).
En ese sentido, señaló que "vamos a construir un consenso para reenfocar las prioridades presupuestarias de manera tal de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y no debilitarla en los términos que está proponiendo el Ejecutivo".
Su par independiente de la bancada PPD, Jaime Araya, comentó en la misma línea que "resulta incomprensible que el Gobierno aún no entienda que la prioridad debe ser el control en los centros penitenciarios. El crimen organizado avanza desde las cárceles, y ahí es donde hay que invertir de forma ostensible. Esperamos que la oposición pueda trabajar de forma coordinada y exigir los aumentos presupuestarios en materia de seguridad".
