Internos de la cárcel de Punta Peuco aseguraron, a través de un comunicado, que la capacidad del recinto de albergar a más criminales "está sobrepasada", frente a la intención del Gobierno de enviar allá a reos condenados por delitos comunes.
El Presidente Gabriel Boric anunció, en su última Cuenta Pública, el cambio del estatus jurídico del penal de "régimen especial" a una cárcel común debido a que alberga sólo a personas condenadas por delitos de lesa humanidad.
El oficialismo afirma que la polémica medida no es de carácter política -ya que los internos de Punta Peuco cumplen cárcel por sus acciones durante la dictadura-, sino que obedece a materia de gestión penitenciaria. Sin embargo, la oposición acusa una eventual violación de derechos de los presos dada su avanzada edad, además de un presunto hacinamiento en el recinto.
Según El Mercurio, a la discusión se han unido ahora los propios reos, que informaron que el martes llegaron a las instalaciones una comitiva de funcionarios de Gendarmería, personal del Ministerio de Justicia, arquitectos y encargados de comunicaciones.
"Lo que presenciamos fue una evaluación técnica para ampliar la capacidad del penal", dijeron en el comunicado, en el que acusaron que los técnicos del Gobierno llegaron con planos "desactualizados" y sin tener idea de las condiciones reales del lugar.
"Punta Peuco fue construido originalmente para 36 internos. Sin embargo, gracias a nuestro propio esfuerzo y el apoyo de ONG's, se realizaron ampliaciones para responder al aumento de población penal", entre ellas, la transformación de contenedores, espacios comunes y talleres en habitaciones improvisadas, agregan.
"Hoy incluso hay internos durmiendo en comedores. Somos 138. La capacidad estructural del penal está sobrepasada", afirmaron los reclusos, que además denunciaron que la electricidad "está al borde del colapso", que el agua llega con camiones aljibe y que el sistema de alcantarillado necesita camiones limpiafosas.
