El Gobierno expresó que "tienen una diferencia" con el Ministerio Público en cuanto al caso de la desaparición de Julia Chuñil, luego de que la fiscal regional de Los Ríos y quien lleva adelante la investigación, Tatiana Esquivel, pusiera en duda que la mujer fuera defensora medioambiental.
Esquivel emitió sus dichos en una entrevista con el diario La Segunda, en los que afirmó que "no existen antecedentes que permitan afirmar que (Chuñil) ejerciera una labor política o de activista organizada; más bien, se trataba de una mujer dedicada a su familia y a las actividades agrícolas, con una vida propia del ámbito rural".
Los dichos generaron una ola de reacciones, entre ellas las del Gobierno. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respondió que "tenemos una diferencia en esto con la Fiscalía, pero ambos poderes somos completamente autónomos".
"Lo que señaló la fiscal regional fue una opinión respecto a la calidad de Julia Chuñil, (pero) nosotros no tenemos ninguna duda de que ella era defensora medioambiental", recalcó el secretario de Estado.
"Es razonable que haya diferencias entre organismos públicos y, así como tenemos esta discrepancia, no tenemos ninguna duda de que el Ministerio Público está haciendo todo lo posible en la investigación para dar con el paradero de Julia o con los involucrados en su desaparición", agregó Gajardo.
El titular de Justicia también manifestó que tiene esperanza de que ese trabajo "arrojará resultados prontamente".
La molestia de la defensa y de la ONG Escazú Chile
La defensora de la familia de Julia Chuñil, Karina Riquelme, cuestionó duramente a la fiscal Esquivel en conversación con Radio Universidad de Chile: "No sólo demuestra la ignorancia de la persecutora respecto a los pueblos originarios y su relación con la tierra, sino que también contradice la propia carpeta de investigación".
En la misma línea, el líder de la ONG Escazú Chile, Sebastián Benfeld, calificó como "preocupante que la fiscal no sólo desconozca qué es lo que significa ser un defensor ambiental, sino que contradiga por la prensa los mismos principios y antecedentes que se plasman en toda la carpeta investigativa".
"Fue el propio fiscal nacional (Ángel Valencia) quien anunció, a inicios de este año, la activación del protocolo de protección de defensores de derechos humanos en el caso de Julia, justamente por su calidad de defensora ambiental", recordó Benfeld.
"Como organización lamentamos el desconocimiento y la ignorancia de la fiscal en torno al caso y esto sólo reafirma la urgencia de avanzar en capacitaciones y formaciones a operadores de justicia, para que conozcan la normativa vigente y, por sobre todo, los tratados internacionales que nos rigen, como el acuerdo de Escazú", exhortó.
Valencia ya se ha referido a la solicitud hecha por la familia de Chuñil de trasladar la investigación desde la Fiscalía de Los Ríos a la Fiscalía de Aysén, y afirmó que, debido a que la investigación sobre la desaparición de Chuñil "es una causa prioritaria", se encuentran evaluando la petición con antecedentes solicitados al ente persecutor de Los Ríos.
Se estima que la próxima semana comuniquen la decisión a los intervinientes, en una indagación que también contiene una hipótesis que apunta a los hijos de Chuñil como autores de su desaparición.
